Una autoridad del Estado podrá vetar las iniciativas al Parlamento, que tampoco podrá controlar a los gestores del 155
Las funciones de control pasarán en el Senado, que las ejercerá cada dos meses
Una autoridad del Estado podrá vetar las iniciativas al Parlamento, que tampoco podrá controlar a los gestores del 155
La aplicación del artículo 155 de la Constitución supondrá una limitación de las funciones del Parlament de Catalunya, que tendrá que someter todas sus iniciativas y enmiendas a un control previo de una «autoridad» designada por el gobierno español que las podrá vetar y suspender toda la tramitación. El procedimiento obliga en la Mesa a remitirle todas las proposiciones de ley, propuestas de reforma del Estatuto, propuestas de reforma del Reglamento, enmiendas, propuestas de resolución o disposiciones normativas «para que manifieste, en un plazo de 30 días, su conformidad o no a la tramitación». Además, la aplicación del 155 implica que «no se podrán someter a debate y votación» las iniciativas y enmiendas «mientras la autoridad que se designe no haya expresamente otorgado su conformidad». Si las deniega, «quedarán suspendidos todos las trámites parlamentarios subsiguientes». Además, las propuestas de resolución del Parlamento y las declaraciones institucionales «no se podrán dirigir a las autoridades designadas» para la aplicación del 155 y siempre «tendrán que ser conformes a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las resoluciones del Tribunal Constitucional». La viceprsidenta del gobierno español ha asegurado en un brieffing con la prensa que la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, igual que el resto de los diputados podrán seguir actuando como diputados.
La medida se suma al resto de limitaciones ya anunciadas por el presidente del gobierno español. El Parlamento no podrá designar a un nuevo presidente de la Generalitat ni podrá ejercer tampoco funciones de control sobre el organismo o persona que designe el gobierno español para la gestión de la administración catalana, Tampoco podrá ejercer sus funciones de control con respecto a las autoridades designadas por el gobierno español. Según el documento, a partir de la aplicación del 155, será el Senado quien ejerza –cada dos meses- estas funciones de control.
