El abogado de Forcadell y de los miembros de ERC confía en el «rigor» del Supremo para evitar prisión provisional

Andreu Van den Eynde, el abogado de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y de los consellers miembros de ERC, así como de la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, confía en el «rigor técnico» del Tribunal Supremo (TS) para evitar prisión provisional. En un contacto con la prensa desde los pasillos del Parlament, el letrado se ha mostrado confiado que los magistrados del TS no dicten medidas cautelares para los querellados. Asimismo, Van den Eynde ha alertado de una situación judicial «de acoso» hacia los líderes soberanistas, pero ha negado que los dirigentes busquen esquivar la vigilancia penal. «Todo el mundo dará respuesta al procedimiento penal», ha aseverado.

Hay que recordar que algunos de sus clientes -consellers miembros de ERC- están en Bruselas. Es por eso que el abogado ha argumentado que la Unión Europea funciona como territorio estatal a efectos judiciales: «El presidente está fuera, pero en territorio de la UE», ha constatado. Van den Eynde también ha destacado que el Supremo tiene un «rigor que no se le puede desmerecer», y ha apuntado que hay «fórmulas» para defender que no hacen falta medidas cautelares. «Confío en que sea así», ha continuado.

«El fiscal ha anunciado medidas cautelares, pero no considero la posibilidad de que se adopte ninguna grave», ha concluido, basándose en la posición de la Mesa y su carácter «inmune e inviolable».

Delito de rebelión: 15-30 años de prisión

El auto donde el Supremo ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlament establece que la investigación tendrá que determinar si cometieron un delito de rebelión (472 del Código Penal), penado con entre 15 y 30 años de prisión, o si los hechos se inscriben en un delito de ‘conspiración para la rebelión’ (477 del Código Penal), que establece una pena de prisión «inferior en uno o dos grados» al delito de rebelión.

Cada grado implica una rebaja de la pena a la mitad. Eso dejaría una pena de entre 15 y 7 años y medio de prisión en el caso de rebaja de un grado, o de entre 7 años y medio y 3 años y 9 meses en el caso que fueran dos grados. Se sumarían las penas por supuestos delitos de malversación de fuentes, pero no por sedición, que quedaría englobado dentro del delito de rebelión o de conspiración para la rebelión.