Puigdemont niega que pida asilo político en Bélgica y asegura que está en Bruselas para actuar con «libertad y seguridad»

El presidente Carles Puigdemont ha negado que esté en Bruselas para pedir asilo político en Bélgica. «Estamos en la capital de Europa. No es una cuestión de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad», ha asegurado desde una rueda de prensa al Press Club Brussels. Puigdemont también ha afirmado que volverían a Cataluña «inmediatamente» si el Estado les asegurara un juicio «independiente y con separación de poderes». Por otra parte, ha definido las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, como un «reto» que se coge con «todas las fuerzas». Y ha dirigido una pregunta muy clara al gobierno español y al bloque que defiende la aplicación del 155. «¿Estáis dispuestos a respetar los resultados estén los que sean, sí o no?», ha preguntado para después añadir que la parte catalana sí que se compromete.

Los consellers cesados por el 155 Joaquim Forn, Toni Comín, Meritxell Serret, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Lluís Puig y Clara Ponsatí han acompañado al presidente Carles Puigdemont en su comparecencia ante los periodistas desde Bruselas.

En su intervención inicial, Puigdemont ha defendido que su Gobierno no ha querido forzar a los funcionarios fieles a la República a tomar partido como colectivo para evitar que haya violencia y ha concluido que «no se puede construir la república de todos desde la violencia». En este contexto, ha defendido que moderar el despliegue de la República con el fin de preservar esta actitud es un «precio razonable» en la Europa del siglo XXI.

Oposición política a la querella sin rehuir la responsabilidad ante la justicia

En referencia a la querella que este lunes hizo pública el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, Puigdemont ha considerado que confirma «la extrema agresividad» del gobierno español contra el Gobierno y la Mesa del Parlamento. Y ha destacado que en todo el redactado sólo se refiere a hechos políticos, pero no en un delito. Además, Puigdemont ha recordado que se piden 30 años de prisión para cada uno teniendo en cuenta que se les acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Una querella que, según el presidente, se añade al camino de «máxima beligerancia» escogido por el gobierno español.

«Defenderemos la idea de que la querella del Estado es una querella política y nos opondremos a partir de la posición política y no jurídica. Tampoco escaparemos de la acción de la justicia, no queremos escapar. No queremos rehuir nuestra responsabilidad ante la justicia. Nos enfrentaremos políticamente a la grave irresponsabilidad de la justicia que plantea el gobierno español», ha concluido.

21-D, reta al Estado a aceptar el resultado

Puigdemont se ha referido por primera vez a las elecciones del 21-D convocadas por Rajoy y los ha definido como un «reto democrático». «No nos dan miedo los retos democráticos. Si ha querido hacer un plebiscito por legitimar el 155, lo» cogeremos, ha garantizado.

En este contexto, el conseller ha querido lanzar una pregunta al gobierno español y al bloque que da apoyo al 155, PP, Cs y PSOE. «¿El Estado respetará los resultados que puedan dar una mayoría a las fuerzas independentistas?», ha preguntado pidiendo un «compromiso claro» por parte del Estado.

Con respecto a la banda catalana, Puigdemont ha garantizado que se respetarán los resultados de las elecciones del 21-D, como se ha hecho siempre, sean cuáles sean. El objetivo, según el presidente, es luchar con «máximo creatividad para mantener las instituciones vivas e impedir la aplicación del artículo 155» y en esta lógica ha presentado las elecciones del 21 de diciembre. «En el terreno de la democracia somos más fuertes. En el uso de la fuerza no hemos ganado nunca, ni queremos ganar», ha añadido.

En la capital de Europa, para actuar con libertad y seguridad

Con respecto a los motivos de su presencia en Bruselas, Puigdemont ha desmentido los rumores de las últimas horas que apuntaban a una petición de asilo político. El presidente ha recordado que él y siete de sus consellers están en la capital de Europa para poder actuar con «libertad y seguridad». Y ha querido dejar claro que su presencia no tiene nada que ver con la política belga. No ha querido responder, sin embargo, hasta cuando se quedarán en Bruselas.

Según el presidente, desde la capital de Europa se pueden garantizar mejor una parte de sus derechos y al mismo tiempo también pueden cumplir con sus obligaciones. El principal motivo por el cual están en Bruselas es para «hacer evidente el problema catalán a Europea y denunciar la politización de la justicia española», que según ha denunciado, persigue las ideas y no los crímenes. En definitiva, para hacer evidente delante del mundo el «grave déficit democrático» del estado español.

Puigdemont ha argumentado que han decidido ir a la capital de Europa porque hay garantías que no se dan en España, y ha señalado que el título que acompañaba la querella 'más dura será la caída' demuestra que hay «deseo de venganza».

El presidente ha condicionado su retorno a las circunstancias y ha añadido que él y los siete consellers volverían «inmediatamente» si se da garantía de un juicio justo, independiente y con separación de poderes.

Con respecto a la parte del Gobierno que se ha quedado en Cataluña, Puigdemont ha asegurado que están llevando a cabo su actividad política como miembros legítimos escogidos por los ciudadanos. «Ni unos ni los otros hemos abandonado nunca el Gobierno. Continuaremos nuestro trabajo», ha afianzado.

Llamamiento a la comunidad internacional

Puigdemont también ha aprovechado para hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que «reaccione» teniendo en cuenta que la causa catalana es la de los valores con que se fundamenta Europa. Es decir, los valores de la libertad, la libre expresión, la acogida, la no violencia y el diálogo. El presidente ha advertido que «tolerar la violencia de la extrema derecha» y permitir que se lo pueda encarcelar durante 30 años, quiere decir acabar con la idea de Europa» y «es un precio demasiado caro».