El redactor del delito de rebelión sobre las querellas de Maza: «Están forzadas, no encajan dentro del tipo penal»

El catedrático de derecho constitucional Diego López Garrido fue el redactor del delito de rebelión del nuevo Código Penal de 1995 por casos de declaraciones de independencia. El catedrático considera que las querellas interpuestas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra el presidente Puigdemont y el Gobierno y contra Forcadell y cinco miembros más de la Mesa «no se ajustan a derecho y son forzadas porque no existió violencia». Recuerda que, en el debate del nuevo Código Penal –a instancias del PNV- se introdujo una enmienda que dejaba claro que la rebelión sólo se daba si la declaración de independencia iba acompaña de violencia «de manera clara y pública». «Para la rebelión hace falta un elemento de violencia física y material muy claro que no se ha dado, la querella está forzada en su argumentación y no encaja en el delito», ha manifestado en declaraciones en el ACN. Por eso, confía en que tanto delante del Supremo como en la Audiencia Nacional se rebaje el tipo delictivo.

Cuando el nuevo Código Penal se estaba tramitando, el año 1995, el delito de rebelión para los casos de declaraciones de independencia no comportaba, necesariamente, que hubiera violencia. Eso preocupaba los partidos nacionalistas, especialmente el PNV, que pidió que se introdujera el elemento de la violencia. En aquel momento, el ponente por parte d'IU era Diego López Garrido, que se encargó de tramitar la enmienda y consiguió el apoyo de todos los grupos (excepto el PP).

Ahora, 22 años más tarde, recuerda que para hablar de rebelión en casos de declaraciones de independencia «tiene que quedar claro que sólo habrá si la independencia se consigue violenta y públicamente». Por eso, señala que la violencia tiene que ser «parto esencial del tipo rebelión».

Según López Garrido, eso no se ha dado durante la declaración de independencia del 27 de octubre y tampoco durante los hechos previos. Por eso, critica las querellas del fiscal general, considera que son «forzadas» y que «no se ajustan a derecho». «Hace falta un elemento de violencia física y material muy claro que no se ha dado, es mi juicio y creo que el de todo el mundo», valora al exparlamentario, que considera que los argumentos de Maza son «débiles».

«La justificación de la violencia no se puede basar en imaginaciones sobre si estarían o no preparando hechos, son pruebas muy débiles», añade.

Por eso, considera que cuando las investigaciones avancen a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo se rebajen los tipos delictivos. De hecho, en la admisión a trámite en el Supremo, el juez instructor, Pablo Llarena, ya ha abierto la puerta en que Forcadell y el resto de miembros soberanistas de la Mesa sean juzgados por un delito de conspiración para la rebelión, inferior al de rebelión.

Defiende la imparcialidad del sistema judicial

López Garrido defiende que los jueces son «completamente imparciales» y, por lo tanto, tumba las afirmaciones del presidente Puigdemont desde Bruselas, donde aseguraba que en España no podría tener «un juicio justo». «El sistema judicial es irreprochablemente respetuoso con el estado de derecho y la Constitución y cualquiera tiene aquí todas las garantías para ser juzgado», manifiesta.

El exparlamentario también cuestiona que los investigados puedan ser condenados por sedición y, en cambio, sí ve acreditados los delitos de prevaricación y desobediencia. Recuerda que estos, sin embargo, no comportarían penas de prisión aunque podrían acabar con inhabilitaciones cuando las sentencias fueran firmes.

En contra de la ilegalización de partidos independentistas

El catedrático de derecho constitucional también se opone al debate sobre la posible ilegalización de partidos políticos independentistas. Apunta que la Ley de partidos se hizo con la vigencia de ETA y con el objetivo de ilegalizar Batasuna porque era un partido «que propugnaba la violencia y daba apoyo a los terroristas». En cambio, afirma que en Cataluña no hay ningún partido que defienda la independencia a través de la violencia y que, por lo tanto, sería un «disparate» plantear esta ilegalización.