Lamela justifica la prisión de los nueve consellers porque otros «ya se han desplazado a otros países»

La magistrada de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela ha justificado la orden de prisión incondicional para ocho consellers destituidos y con fianza para Santi Vila alegando que el resto de investigados «ya se han desplazado a otros países» y podrían eludir sus responsabilidades penales. Además, considera que su poder adquisitivo y la posible ayuda de las entidades soberanistas podrían facilitar su huida.

En su auto de prisión, Lamela dice que los investigados tienen un elevado poder adquisitivo que «les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero», y recuerda que algunos de los querellados «ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido», en referencia al presidente Puigdemont y a los consellers Ponsatí, Comín, Serret y Puig. Además, las entidades soberanistas, según Lamela, podrían auxiliarlos en la posible huida.

Asimismo, ve muy probable que los investigados pudieran ocultar, alterar o destruir fuentes de pruebas, «teniendo en cuenta los cargos que han tenido hasta hace pocos días». Por el mismo motivo, considera que es posible la reiteración delictiva, porque las actividades para conseguir la independencia se han planificado y realizado de forma «consciente» por los querellados durante más de dos años, «reincidiendo constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del TC».

Por eso, para Lamela, la prisión provisional es «adecuada, razonable y proporcionada», ya que concurren todos los riesgos requeridos: fuga, ocultación de pruebas y reiteración del delito. En este sentido, recuerda que las penas de prisión de los tres delitos son de hasta 25 años en el caso de rebelión, 15 para sedición y 8 o 10 por malversación de fondos públicos.

Para justificarlo, Lamela utiliza varios indicios recogidos por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en las investigaciones contra cargos políticos catalanes. Así, utiliza documentos, reportajes videográficos y fotográficos unidos ya al se actuaciones, algunos recogidos en la querella de la fiscalía, y algunos 'links'. El relato empieza con las elecciones del 27-S del 2015 y sigue varios episodios como la aprobación en el Parlamento del inicio formal del proceso constituyente el 9 de noviembre del 2015, anuladas por el TC.

Lamela remarca la importancia del papel que los investigados tuvieron como cargos públicos, «sin los cuales el proceso independentista no se hubiera podido impulsar». Así, la magistrada considera que los investigados «tramaron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium)». «La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del TC en pro de la independencia», añade. Según ella, los ahora encarcelados «jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarlos de su finalidad última».

La magistrada asegura que los trabajos parlamentarios se han orientado en la última legislatura a aprobar una normativa en la cual «fundamentar y dar una apariencia de legalidad» a las diversas etapas del proceso de desconexión. Al mismo tiempo, la actuación a través de los movimientos populares «iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas del estado cuando fuera necesario y permitir la movilización».

También utiliza el documento 'EnfoCATs', que la Guardia Civil encontró en el domicilio del exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, el 20 de septiembre cuando fue arrestado. Según la magistrada, el Gobierno ha seguido la hoja de ruta marcada en este documento y «ha desobedecido de manera sucesiva, sistemática y frontal a todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional».

El documento diseñaba un supuesto plan para crear un estado propio con un «amplio apoyo ciudadano» y orientado a «generar inestabilidad política y económica que forzara el estado a aceptar la negociación de la separación, o en su defecto, un referéndum forzado que igualmente les permitiría declarar la independencia».

También utiliza un documento de la ANC llamado 'Full de Ruta 2015-2016' donde planteaba la posibilidad de celebrar elecciones constituyentes y plebiscitarias como etapa del proceso de independencia y ante la posibilidad que la Generalitat fuera intervenida políticamente y jurídicamente por el gobierno español y que algún partido soberanista fuera ilegalizado. En este posible escenario, la ANC apuntaba que la ciudadanía «emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia» en los pueblos y los barrios, y había que trabajar en tres líneas prioritarias: mantener la actividad normal del país, ampliar la base social favorable al nuevo estado impulsando la campaña para debatir la futura constitución de la república catalana, y organizar movilizaciones masivas, pacíficas, puntuales, ágiles y cuando sea necesario espectaculares que incrementen la confianza de la ciudadanía en el nuevo estado y centren la atención de todo el mundo».

A continuación, la magistrada acusa a los investigados de animar actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva, «ocupando carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo los agentes de la autoridad a un asedio continuado».

Para hacer estas afirmaciones, Lamela recuerda que Puigdemont, en un mitin, dijo el 8 de septiembre que los ciudadanos miraran a los ojos de los alcaldes que no querían colaborar en el referéndum. También menciona el paro general de país del 3 de octubre, «que no tuvo nada que ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales», en la cual la consellera de Treball, Dolors Bassa, animó a participar y dijo que no se descontaría sueldo a los trabajadores públicos.

Por último, recuerda los hechos del 20 y 21 de septiembre, así como los del 1 de octubre. De los primeros, recuerda la multitudinaria concentración en la Conselleria de Economía, con los daños causados a coches de la Guardia Civil y las dificultades de la comitiva judicial para abandonar el edificio. En este sentido, califica algunas de las movilizaciones de «tumultuosas».

Del referéndum, dice que muchos ciudadanos ofrecieron «resistencia» a las fuerzas policiales españolas, mientras los Mossos d'Esquadra tuvieron una «actitud pasiva», «manteniéndose al margen de cualquier actuación de la Guardia Civil, evitando intervenir incluso cuando guardias civiles» eran «agredidos» y «llegando incluso a increpar y enfrentarse a guardias civiles». También acusa agentes de la policía catalana «de espiar» a las policías españolas para «alertar los congregados en los colegios».

A continuación, la magistrada menciona la actuación concreta de varios consellers destituidos, como Forn, que desde el verano ha hecho varias declaraciones donde decía que los Mossos permitirían votar con tranquilidad. Sobre Josep Rull, recuerda algunos tuits contra la presencia de los barcos policiales en los puertos de Palamós, Barcelona y Tarragona. De Borràs, recuerda que está investigada por el suministro de urnas. La magistrada admite que Forn y Turull entraron en el Govern en julio, en sustitución de Jordi Jané y Jordi Baiget, pero «no se puede desconocer la multitud de actuaciones en el desarrollo del proceso independentista que se llevaron a cabo desde aquella fecha hasta el 27 de octubre». En el auto, de 19 páginas, Lamela recuerda también que los consellers Ponsatí y Forn son socios de la ANC, y el mismo Forn, Romeva, Turull y Bassa lo son de Òmnium.

Por otra parte, la magistrada también intenta aportar indicios del delito de malversación de fondos, con el posible agravante de falsedad en la contabilidad pública. Según ella, el 1 de octubre se pagó con dinero de la Generalitat, y recuerda que el TC anuló las partidas presupuestarias dedicadas al 1-O.

La jueza dice que los escritos de las defensas alegando indefensión por el hecho de ser citados en dos días le han llegado cuando ya habían acabado las declaraciones. Todos los consellers destituidos se han limitado a responder a sus respectivos abogados, excepto Santi Vila, que ha respondido a todo el mundo. La magistrada tampoco ha tenido en cuenta el hecho de que un abogado no había llegado cuando han empezado los interrogatorios, ya que se encontraba en el Supremo defendiendo a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ya que ni el propio letrado había entrado ningún escrito de queja.