Junqueras, Rull, Mundó, Vila, Romeva, Turull, Bassa, y Forn llegan a la Audiencia Nacional para declarar por rebelión

Los consellers cesados Junqueras, Rull, Mundó, Vila, Romeva, Turull, Bassa, y Forn han llegado ya a la Audiencia Nacional, donde están citados a declarar a partir de las 9 de la mañana –junto con Puigdemont y el resto de consellers que se encuentran en Bruselas- ante la jueza Carmen Lamela, que los investiga por supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos y delitos conexos. El conseller Puig, que también está citado, no ha entrado con el resto de miembros del gobierno cesado. En las puertas de la Audiencia Nacional han sido aplaudidos por una representación del PDeCAT, ERC y Cataluña en común, aunque a la llegada de Vila también han oído los gritos de una veintena de personas convocadas por movimientos de ultraderecha, como los que ya esperaron este miércoles por la noche a la estación de Atocha. La jueza Lamela todavía no ha aclarado el orden de las comparecencias y tendrá que determinar también como actúa con respecto al presidente Puigdemont y el resto de consellers cesados que se encuentran en Bruselas, y si emite o no una euroorden para su extradición en el Estado.

El primero en llegar ha sido el vicepresidente Junqueras, que ha entrado en la Audiencia Nacional en las 8.10h. Pocos minutos antes de las 9 lo han hecho los consellers Rull, Mundó, Vila, Romeva, Turull, Bassa, y Forn, que han llegado juntos. No se tiene constancia que el conseller Puig sea dentro del edificio, aunque no se lo ha visto entrar.

Tendrán que declarar ante la jueza Carmen Lamela, que es la misma que dictó prisión provisional para los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Lamela admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra el Gobierno cesado este martes, sólo 24 horas después de su presentación. Lo hizo en paralelo al Tribunal Supremo, que ha citado la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los cinco miembros soberanistas de la Mesa también este jueves a partir de las 09.30h.

De hecho, al auto por la que acepta la causa, la magistrada da por buenos los argumentos de la Fiscalía y asegura que la querella interpuesta por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, «se basa en hechos objetivos» que recogen desde la resolución aprobada en el Parlament en noviembre del 2015 (que marcaba la llamada hoja de ruta) hasta la declaración de independencia del 27 de octubre. Lamela también incluye a la resolución referencias a las manifestaciones promovidas por ANC y Òmnium, que «actuaban como brazo civil del alzamiento impulsado por los independentistas».

Lamela afirma que a la querella se exponen «de manera seria, racional y lógica» los hechos que llevan a la fiscalía a hacer la calificación inicial del delito de rebelión. «Tal como venden relatados los hechos a la querella no se puede excluir, en este momento, su carácter delictivo ni la intervención en ellos de los querellados», afirma la magistrada.

Apunta también que, a pesar de las resoluciones del TC, el Gobierno «siguió impulsando medidas necesarias para la declaración de un estado independiente en forma de república». Lo hicieron, sostiene «valiéndose de la mayoría parlamentaria» y con el apoyo también de las asociaciones independentistas.

Medidas cautelares

Al auto por la que admitió la querella de la Fiscalía, la magistrada ya adelantó que impondrá medidas cautelares aduciendo que «existen factores para determinar la adopción de medidas cautelares de carácter real». Hace referencia al riesgo de huida y recuerda «la necesidad de que haya medidas cautelares en el proceso penal» en dos supuestos: si un proceso penal tiene una duración muy larga o si «la actitud de la persona afectada por el proceso que, si es culpable o así se siente, tiene una tendencia natural que lo llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el procedimiento penal cumpla su finalidad».

6,2 millones de fianza

Además, tal como pedía la Fiscalía, Lamela dio a todos los miembros del gobierno de Puigdemont tres días para que depositen, de manera solidaria, una fianza de 6.207.450 euros, la misma cantidad que solicitaba la fiscalía. Si no aportan el dinero, se procederá a embargarlos los bienes. Según la jueza «son tales la gravedad y la complejidad de los hechos aparentemente delictivos en el presente proceso que ahora se inicia, y como el juicio oral no se encuentra en absoluto próximo, con que eso justifica el aseguramiento de las responsabilidades sobre las cuales recaen las sospechas,» recoge el auto. Por eso, justifica la petición de la fianza de 6,2 MEUR. «Tiene que considerarse razonable y prudente adoptar medidas cautelares que aseguren las responsabilidades pecuniarias que puedan finalmente decretarse en la presente causa», justifica.

Puigdemont y algunos consellers quieren declarar desde Bélgica

Al contrario que los miembros de la Mesa, en el Gobierno destituido no todos sus miembros acuden a declarar ante la magistrada. El abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, pidió este miércoles que declare desde Bélgica y adelantó que impugnará cualquier petición de extradición que presente el gobierno español. Puigdemont se encuentra en Bruselas con parte de su Gobierno.

Por su parte, los cuatro consellers que están en Bélgica con el presidente Puigdemont también han pedido declarar desde este país, según han explicado fondos próximas en el Gobierno destituido por el gobierno español.