La Audiencia Nacional desestima los recursos de las defensas de Sànchez y Cuixart y los mantiene en prisión

La sala segunda de lo penal de la Audiencia Nacional ha desestimado este viernes los recursos interpuestos por las defensas del presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, contra la decisión de decretar prisión preventiva. Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional a los cinco magistrados han adelantado la decisión y en los próximos días dictarán los autos con los argumentos con los que la basan. La decisión no se ha tomado por unanimidad y ha habido un voto particular de uno de los cinco magistrados.

Las defensas de Cuixart y Sànchez han argumentado durante la vista celebrada este viernes que la situación política en Cataluña ha cambiado, con la declaración unilateral de independencia en el Parlament y la posterior activación del artículo 155. El letrado ha explicado a los medios que con la nueva situación política, producida mientras Sànchez se encontraba en prisión, «no se puede mantener la tesis que puede realizar determinadas actuaciones de reiteración delictiva».

En su recurso, el abogado de Sànchez criticó a la magistrada por hacer una «interpretación extravagante» de la ley para encarcelar a su cliente, todo indicando que no tenía competencias para investigarlo por sedición y considerando «exagerados» los argumentos para ingresarlo preventivamente en la prisión. Pina considera que no hay riesgo de fuga porque su cliente ha respondido a todos los llamamientos que se le han hecho desde la justicia.

Con respecto a la defensa de Cuixart, su abogada Marina Roig, aportó material videográfico del pasado 20 de septiembre que confirmaría que durante la concentración en el Departamento de Economía los dos 'Jordis' hicieron «llamamientos a la movilización pacífica» en todo momento y que «mediar» «para conseguir que la Guardia Civil saliera de la Conselleria. La letrada considera no justificado el riesgo de fuga de Cuixart, porque tiene trabajo y domicilio conocido», y asegura que la jueza «no «puede alegar» riesgo de destrucción de pruebas porque el fiscal no lo hizo en su demanda ni tampoco de reiterar el delito porque la jueza «no concreta a que se refiere».