Los consellers de ERC destituidos recurren la querella de la fiscalía y la orden de prisión de la Audiencia Nacional

El vicepresidente de la Generalitat destituido, Oriol Junqueras, y los tres exconsellers de ERC también destituidos Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó, muy aprisionados desde el jueves, han recorrido el auto de admisión a trámite de la querella de la fiscalía y contra la orden de prisión preventiva, las dos firmadas por la magistrada de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela. En los recursos aseguran que se ha vulnerado su derecho de defensa y que la prisión provisional es una medida desproporcionada.

Los escritos del abogado Andreu Van den Eynde recriminan a Lamela y la fiscalía una «deriva interpretativa» de los hechos y los supuestos delitos. De hecho, considera que la querella del ministerio público hace una «curiosa interpretación novelada» de lo que ha pasado en Cataluña los dos últimos años, ya que vincula el proceso político con hechos supuestamente violentos y coactivos mediante «alambicadas interpretaciones» y una «visión sesgada», mientras que en realidad son, según el letrado son expresiones del derecho de reunión o manifestación.

De buen inicio recuerda que la ley y la propia Audiencia Nacional el año 2008 no prevén que la sedición y la rebelión sean delitos investigados por este tribunal. En este sentido, además, recuerda que se están investigando hechos, delitos y causas muy similares al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al Tribunal Supremo. Por eso, considera que hay una clara indefensión, más cuando|cuándo Lamela incluyó en la causa citas a documentación que las defensas todavía no tienen en sus manos.

La vulneración del derecho de defensa también se pone de manifiesto, según el abogado, en el hecho de que la querella de 108 páginas de la fiscalía se anunció el lunes, pero su admisión a trámite y comunicación en los investigados se hizo el miércoles por la mañana, festividad de Todos los Santos, con citación par al cabo de menos de 24 horas. A todo eso, añade el hecho que él mismo avisó el día antes que tenía una cita a la misma hora al Supremo por la causa contra parte de la Mesa del Parlamento, y la magistrada Lamela, a pesar de saberlo, decidió iniciar la sesión.

Sobre la fianza de más de 6 millones fijada para el conjunto de los investigados, el abogado dice que se ha fijado sin haber calculado exactamente qué importe sería el supuestamente malversado por los exconsellers. En este sentido, recuerda que el delito de malversación también está siendo investigado por el TSJC e Instrucción 13 de Barcelona y todavía no se ha fijado ninguna cifra concreta ni se ha pedido ninguna fianza. Asimismo, el abogado recuerda que el hecho de que un dinero esté presupuestado no quiere decir que se hayan gastado, y también ha entregado un certificado de la Intervención General de la Generalitat que asegura que no se produjo ningún gasto por el referéndum que fuera anulada por el Tribunal Constitucional.

Sobre los tres posibles motivos para decretar prisión preventiva, el abogado intenta desmontarlos todos. Dice que no hay posibilidad de reiteración delictiva, porque ya no son consellers y han demostrado que el Gobierno no se ha reunido ni ha tomado ningún acuerdo desde el 27 de octubre cuando, según la fiscalía, el proceso habría «culminado». En el mismo sentido, no hay riesgo de ocultación de pruebas, porque ya no tienen ningún cargo y toda la documentación relativa a los hechos investigados ya está entregada a las otras causas judiciales abiertas por este motivo.

Por último, sobre el riesgo de fuga, el abogado recrimina a la magistrada que no esté individualizado, ya que el auto de prisión era conjunto para todos los investigados. Así, recuerda que todos comparecieron voluntariamente, podrían ser candidatos a las elecciones y tienen arraigo|enraizamiento social, familiar y laboral.

Por todo eso, el abogado pide que los investigados salgan de prisión y como mucho se las impongan otras medidas cautelares como la entrega de pasaporte, la comparecencia periódica ante un juzgado y una fianza. También pide que se rechace la querella de la fiscalía y que la causa se remita a otro tribunal, así como que se entregue a las defensas toda la documentación incluida a la causa y una copia completa en vídeo de la sesión del jueves pasado.