Forcadell y los miembros de la Mesa llegan al Supremo para declarar por rebelión, sedición y malversación

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresidente primero, Lluís Guinó, los secretarios Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet, y el exvicepresidente del órgano y posteriormente presidente de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Corominas, ya han llegado al Tribunal Supremo para declarar por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Es la segunda vez que van al Supremo, después de que el jueves pasado el juez Pablo Llarena suspendiera la declaración prevista para dar más tiempo a sus abogados para preparar la defensa. Los seis han llegado hacia las 9 de la mañana en dos furgonetas y un coche y los abogados de los investigados los estaban esperando en la puerta del Supremo.

A las puertas del Supremo había representantes de ERC, en Comú Podem, el PDeCAT y la CUP, como Marta Pascal, Roger Torrent, Teresa Jordà, Xavier Domènech, Gabriel Serra, Josep Lluís Cleries y Carles Campuzano. También había el exsecretario general de Podem, Albano Dante Fachín. Todos ellos se han trasladado para dar apoyo los investigados y se han oído gritos como «no estáis solos».

Mientras tanto, en el momento de la llegada de los miembros de la Mesa, un grupo de concentrados con banderas españolas han regañado a los miembros de la Mesa del Parlament.

En las declaraciones estarán presentes dos fiscales, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. Los seis ya están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia y prevaricación, al permitir varias votaciones de resoluciones y leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, pero ahora la causa se podría acumular en el alto tribunal español. Los seis investigados recibieron el día de Todos los Santos la citación para declarar al día siguiente, pero el suyos abogados pidieron al magistrado que aplazara la declaración para poder prepararse mejor el caso, cosa que Llarena aceptó.

Para justificar que el delito de rebelión sea investigado por el Supremo, la sala de admisión del propio tribunal argumenta que este delito tiene un carácter «plurisubjetivo» y hechos que se pueden producir en varios puntos geográficos, con una «incuestionable vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado». También lo justifica por el hecho que los querellados Forcadell, Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, todos menos Joan Josep Nuet, son aforados en su condición de miembros de la Diputación Permanente del Parlament de Catalunya. La fiscalía incluye Nuet a la causa entendiendo que su actuación está asociada a la del resto, y el Supremo asume la competencia para investigarlo.

Los magistrados que admitieron la querella apuntan que la instrucción tendrá que servir para precisar si los actos son constitutivos de un delito propiamente de rebelión o de conspiración para la rebelión, creado para los casos en que «los conspiradores no superan la fase meramente preparatoria». El auto establece que la investigación tendrá que determinar si cometieron un delito de rebelión (artículo 472 del Código Penal), penado con entre 15 y 30 años de prisión, o si los hechos se inscriben en un delito de conspiración para la rebelión (477 del Código Penal), que establece una pena de entre tres años y nueve meses y 15 años de prisión. Se sumarían las penas por supuestos delitos de malversación de fondos, pero no por sedición, que quedaría englobado dentro del delito de rebelión o de conspiración para la rebelión.

El Supremo ha incluido esta posibilidad de delito de conspiración para la rebelión aunque el fiscal no lo recogía a la querella, hecho que podría implicar el debate interno en los órganos judiciales po la dificultad en vincular los actos que han tenido lugar en Cataluña en el componente de violencia necesario para poder condenar a alguien por delito de rebelión.

Según el fiscal, la violencia que requiere la acusación de rebelión «no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas,» basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de estado del 23-F porque «los rebeldes nunca pueden asegurar que su alzamiento será incruento, sin víctimas y sin vertido de sangre». El auto del Tribunal Supremo, sin embargo, no recoge de momento esta tesis.

Con respecto a los delitos de sedición y malversación de fondos -que también les imputa la fiscalía- el Supremo señala que se determinará también durante la instrucción si los querellados han permitido que se dedicaran «ingentes fondos públicos para llevar a cabo el referéndum ilegal».