Interpuestas cinco querellas por la actuación policial en cuatro escuelas de Barcelona el 1-O

El Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Institucional (Saidavi) del Centro Irídia por la Defensa de los Derechos Humanos ha interpuesto este jueves cinco querellas ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona por los hechos ocurridos el 1 de octubre en cuatro escuelas diferentes de la ciudad: la Escola Mediterrània, l'IES Pau Claris, el CEIP Els Horts y la Escola de la Prosperitat, donde un total de siete personas quedaron afectadas. Las querellas, por delito contra la integridad moral y de lesiones con instrumento peligroso y los agravantes de abuso de superioridad y prevalencia como funcionario, se dirigen contra los agentes de la policía española que han sido identificados gracias al trabajo de investigación realizado para la entidad y el trabajo de la red de observadoras #SomDefensores. Las querellas también se dirigen contra los mandos policiales que dirigieron cada operativo policial.

«Después de haber detectado en las diferentes causas unmodus operandi similar, contrario a la legalidad» y causante de los delitos se interponen las querellas por las cuales, la entidad enfoca la causa hacia las responsabilidades de los mandos políticos y policiales que tomaron las decisiones durante la jornada del 1 de octubre. Es por este motivo que la entidad ha solicitado al juez que identifique a las personas concretas que tuvieron responsabilidades políticas o policiales de toda la operación del 1 de octubre. También solicita que la policía entregue las grabaciones realizadas. Además, la entidad solicita que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, mando designado por el Ministerio del Interior para el 1 de octubre, declare como testigo en todas las querellas para concretar qué órdenes concretas se dieron a los agentes desplegados sobre el terreno.

En la querella por los hechos en la Escola Mediterrània de la Barceloneta, por ejemplo, se asegura de que la actuación del agente policial fue «contraria a los protocolos». La mujer y su pareja hacían cola para votar en la escuela en un ambiente «festivo» y con actitud «completamente pacífica». «De sopetón llegó un gran número de agentes de la policía española y empezaron una carga sin hacer ningún aviso previo ni dar ningún orden», describe la querella. En el momento de empezar la carga, hubo «alboroto» y la víctima perdió de vista a su pareja, a quien empezó a buscar mirando a su alrededor y dando vueltas sobre ella misma. En aquel momento, un policía se le acercó con la porra «en posición horizontal y le dio dos golpes frontales a la altura de los ojos». La mujer retrocedió apartándose del agente y entonces observó que su pareja estaba «tendida en el suelo, recibiendo patadas por parte de policías».

«Alertada y atemorizada» por la situación, «mantuvo en todo momento una actitud absolutamente pacífica y pasiva, sin entrar en confrontación», se giró hacia su pareja y el mismo agente que lo había golpeado con la porra, y «sin intercambiar ninguna palabra, con la intención de menoscabar su integridad física y moral y haciendo un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado, le propinó una tercera vez con la porra en posición vertical y con mucha más fuerza directamente en el ojo derecho».

Según la querella, la actuación de este agente no estuvo aislada, sino que formaba parte de una actuación «perfectamente coordinada y concertada» que provocó varios heridos. Así, considera que los agentes abusaron de su cargo y tenían «el ánimo compartido de atentado contra la integridad moral y física» de los congregados, actuando «de forma muy agresiva, golpeando con la porra en zonas prohibidas como la cabeza, así como puñetazos, patadas o fuertes tirones de pelo.» Esta actitud habría provocado en los concentrados «mucha angustia, pánico y una profunda humillación e impotencia por las vejaciones recibidas». Así, también asegura que el mando del operativo era «perfectamente consciente» de lo que estaba pasando.

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un traumatismo craneal, con afectación en la órbita ocular y la mandíbula derecha, así como la nariz. Las lesiones tuvieron que ser atendidas por un cirujano maxilofacial por si tenía la nariz rota y desviada. Aparte de las secuelas físicas, la víctima asegura haberse sentido «absolutamente vejada y humillada, como un objeto o animal». Igualmente, la mujer siente indignación, afectación psicológica y angustia por ver cómo se agredió a personas mayores o a su pareja en el suelo sin que ella pudiera ayudar, y por eso se ha tenido que medicar. «Tiene mucho miedo a la hora de salir a la calle y manifiesta miedo a los cuerpos policiales, sintiendo mucha inseguridad en el barrio que le impide realizar su vida con normalidad», añade.

En el escrito se añaden fotos de las lesiones a la víctima, un informe médico de urgencias del Hospital del Mar y dos vídeos, además de una captura de pantalla donde se ve el número de identificación del agente querellado. También pide al juez que requiera en el área de asuntos internos de la policía un informe sobre la composición del operativo que actuó en aquel centro entre las 8.45 y las 9.45 horas, una copia de las comunicaciones entre el centro de mando policial y los mandos sobre el terreno, así como la identificación de los mandos del centro de control y los responsables políticos al cargo.

Con la interposición de estas cinco querellas y la que se interpondrá el próximo martes 14 de noviembre por la persona que ha perdido la visión debido al impacto de pelota de goma, la entidad busca «abrir un proceso de verdad, reparación y justicia que afecte no sólo a las víctimas que representa sino al conjunto de la ciudadanía».