Hacienda pide a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que investigue a los alcaldes que viajaron a Bruselas

El Ministerio de Hacienda ha remitido un documento en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedirle que cite a declarar a los 200 alcaldes que se desplazaron a Bruselas el pasado 7 de noviembre para denunciar la «persecución política y judicial» al Govern y también a los presidentes de la AMI y la ACM y a los eurodiputados Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé. El ministerio quiere comprobar si el viaje y los gastos vinculados a la acción de la capital belga –como el alquiler de la sala donde se hizo el acto- se pagaron con fondos públicos. En el escrito, Hacienda hace referencia a algunas informaciones periodísticas que recogen declaraciones de alcaldes que reconocen que los gastos se pagaron con fondos municipales. En el caso de los eurodiputados, se remite a unas declaraciones del presidente de la AMC, Miquel Buch, que afirmaba que los eurodiputados habían pagado el alquiler de la sala. El mismo Buch, sin embargo, aseguró después vía Twitter que el alquiler había salido de la ACM.

El Ministerio de Hacienda quiere que se investigue si hubo uso de fondos públicos para pagar la acción que llevó a más de 200 alcaldes a la capital belga para denunciar «la persecución política y judicial contra el Govern». Por eso, ha remitido un requerimiento en el Tribunal de Cuentas a fin de que la fiscalía de este organismo abra una investigación y cite a los alcaldes que considere conveniente y también tome declaración a Neus Lloveras (AMI) y Miquel Buch (ACM).

El ministerio quiere que se investiguen los gastos derivados tanto del viaje de avión (se fletó un vuelo chárter para todos los alcaldes), como del transporte en Bruselas, manutención y alquiler del local donde se celebró la reunión en apoyo al Govern destituido. El ministerio sospecha que ha habido fondos públicos para pagar alguno de los gastos y, por lo tanto, pide al Tribunal de Cuentas que actúe. Montoro cree que haber usado fondos públicos para una finalidad diferente a la prevista legalmente «podría implicar una eventual responsabilidad contable».