Rull y Turull piden su excarcelación y alegan que acatan el artículo 155

Los consellers encarcelados Josep Rull y Jordi Turull han pedido a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que los ponga en libertad aduciendo que los dos, igual que el resto del Govern destituido, han acatado las medidas aplicadas a través del artículo 155 de la Constitución. A sus recursos contra la decisión de la jueza de mantener su prisión incondicional, recuerdan que todos los miembros del Govern, incluidos ellos dos, «aunque discrepante políticamente de su contenido y legitimidad han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación». Los recursos aseguran además que el riesgo de reiteración delictiva es hoy «completamente nulo», como lo demuestra el hecho de que «después de la aplicación de este artículo no se ha adoptado ya ningún acuerdo ni dictado ninguna disposición de casa de la clase ni para el Gobierno, que se reunió al finalizar la sesión parlamentaria del 27 de octubre sin adoptar ningún acuerdo, ni tampoco ningún orden por parte de jefe de los consellers cesados», como consta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los dos recursos recuerdan que la prisión provisional está considerada como una medida «excepcional» y destacan que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para juzgar este caso. Además, alegan que se ha vulnerado de forma «gravísima» su derecho a la defensa porque la jueza no dejó tiempo suficiente para preparar las declaraciones y porque las acusaciones se basan en parte en documentos que ni siquiera son objeto de investigación en este proceso.

«La adopción de la prisión provisional para nuestro representado se ha producido con una clara vulneración de los derechos de defensa y a disponer de un proceso justo con todas las garantías» porque se ha generado «una palmaria indefensión hacia el investigado», sostienen las defensas, que aseguran también que se ha vulnerado el artículo 6.3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Además, las defensas sostienen que no se cumple ninguno de los requisitos necesarios para dictar prisión incondicional. No hay riesgo de fuga, aducen, porque los dos tienen arraigo personal y familiar en el Estado y tienen familias a cargo, como tampoco riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, porque los departamentos que gobernaban están ahora bajo la dirección del Estado y porque que todos los expedientes administrativos están a disposición de la justicia.

Tampoco hay riesgo de reiteración delictiva, según la defensa, porque «después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución ninguno de los querellados han optado para ofrecer ni promover resistencia en el nuevo escenario», y por el contrario han anunciado «su propósito de contribuir a las urnas». «No hay voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el marco de la confrontación democrática electoral, con pleno con respecto al pluralismo político que tiene que regir la convocatoria electoral».

En este sentido, reiteran que no se puede atribuir a los miembros del govern haber cometido un delito de rebelión ni de sedición, porque los dos requieren que exista un alzamiento «violento», tal y como quiso estipular el poder legislador cuando reformó el Código Penal. «En ningún sitio del extenso relato fáctico del auto... se describe ningún hecho que pueda ser constitutivo de alzamiento violento o público que exige el tipo penal analizado», apuntan.

Según la defensa, tampoco hay elementos que permitan sustentar una acusación de malversación aduciendo a la firma del acuerdo-marco para la adquisición de urnas, porque este acuerdo no se llegó a culminar y porque, en todo caso, esta cuestión está bajo investigación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Las defensas se quejan también de que la jueza Lamela no individualizara los comportamientos de cada conseller en su auto y que se les acuse globalmente de querer impulsar el proceso soberanista, cuando eso, precisamente «no constituye ningún delito».