Junqueras pide quedar libre alegando en que el Gobierno no siguió actuando después del 155 pero evita decir si lo acata
La defensa del vicepresidente argumenta que el ejecutivo ni se reunió ni tomó acuerdos desde su destitución
Junqueras: «la voluntad de diálogo no puede mantenerse en clima creciente de represión»
El vicepresidente destituido, Oriol Junqueras, ha presentado el recurso de apelación a la Audiencia Nacional en que pide su liberación argumentando que el Gobierno no siguió actuando después de la aprobación del artículo 155, todo y que evitar decir explícitamente si lo acata. De esta manera, sus abogados defienden que no hay riesgo de reiteración delictiva: «El Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos después de la sesión parlamentaria del 27 de octubre». Añaden que «no parece existir ningún escenario por lo que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración»delictiva y dicen que la declaración de independencia tiene un «valor estrictamente político».
En el escrito, la defensa sostiene que los investigados acudieron a la Audiencia Nacional como «ya como exconsellers o exmiembros del Govern», a pesar de añadir que ostentan la «legítima y democrática condición de miembros del Govern de Cataluña». Los abogados recuerdan que después de la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución «se ha producido en Cataluña en la disolución del Parlament con el objetivo», que Junqueras «comparte», de «participación en el proceso electoral fijado por el gobierno español».
Los abogados de Junqueras recogen que la querella de la Fiscalía ya sitúa la declaración de independencia aprobada el 27 de octubre en el Parlament como culminación de un «supuesto plan» para afirmar que «no parece existir ningún escenario para lo que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración de los ilícitos objeto de la querella». En el escrito, la defensa de Junqueras atribuye a la declaración de independencia un «valor estrictamente político».
Con respecto al riesgo de fuga, la defensa de Junqueras asegura que hay «indicios claros» del arraigo «enorme» del vicepresident. Además, destaca su «actitud institucional plenamente colaborativa» presentándose a la citación judicial a pesar de «el altísimo riesgo de detención o incluso de prisión provisional». Para sus abogados, esta actitud «denota un altísimo nivel de sentido del servicio público e institucional donde el valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados tiene que ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas».
En el recurso los abogados de Junqueras piden su liberación o medidas cautelares que sean alternativas a la prisión dada la situación preelectoral en Cataluña. Así, piden valorar el «daño reputacional» que puede ocasionar la prisión «para un representante político en situación preelectoral». «No hay ninguna duda que los investigados son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral», argumentan, y el hecho de que estén encarcelados «lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y la del conjunto de la ciudadanía a la representación política».
Con respecto a las acusaciones de los delitos de rebelión y sedición, la defensa considera que «la debilidad argumental de esta tesis acusatoria es absoluta», porque «no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario» ni los hechos descritos a la querella «van más allá de una singular interpretación de lo que ha sucedido en Cataluña durante los dos últimos años». Sobre el presunto delito de malversación de fondos públicos, la defensa de Junqueras cree acreditado que «no se ha efectuado ningún gasto de la partida presupuestaria supuestamente vinculada con el desarrollo del referéndum del 1 de octubre».
Los abogados de Junqueras también han alegado vulneración del derecho de defensa porque considera que el tiempo transcurrido entre las citaciones y las declaraciones es «objetivamente insuficiente para preparar una defensa con garantías». También denuncian la «incompetencia del órgano de decisión», ya que «rebelión y sedición son delitos que simplemente no se encuentran previstos dentro de las competencias de la Audiencia Nacional».
