Los consellers destituidos de ERC se comprometen a usar «vías de diálogo y negociación» política si salen de la prisión
Reconocen que «aceptaron y aceptan» el 155 pero lo hacen «desde la más profunda discrepancia política y jurídica»
El abogado de los consellers destituidos de ERC que están encarcelados (Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa y Raül Romeva) ya ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito donde pide que se cite los suyos representados y mujer argumentos para revisar la medida cautelar de la prisión preventiva. Entre otros, Andreu van den Eynde asegura que los consellers destituidos se comprometen a usar «vías de diálogo y negociación» para llevar a cabo sus objetivos políticos, a los que asegura que no renuncian. «Aceptan la aplicación del 155, no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajan con el objetivo de conseguir un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña», recoge el escrito. El abogado también argumenta que no hay riesgo de huida –ya que, entre otros, concurren a las elecciones del 21-DE-, y que no pueden reiterar en el delito porque están cesados de sus cargos.
El letrado que representa a los consellers destituidos de ERC encarcelados en Estremera y Alcalá-Meco ha presentado un escrito delante del Supremo después de que se haya acumulado en este tribunal la causa contra el Gobierno y los 'Jordis'. Van den Eynde pide al magistrado Pablo Llarena que cite a declarar los suyos representados para revisar la medida cautelar de la prisión indefinida fijada paor la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre. Recuerda, además, que este magistrado siguió un criterio diferente cuando tomó declaración a los miembros soberanistas de la Mesa, en los cuales dejó en libertad bajo fianza (a todos menos a Joan Josep Nuet, que no tuvo que abonar fianza).
Entre otros, en el escrito se remarca que todos ellos «aceptaron y aceptan» la aplicación del 155 y que, por eso, aceptaron dejar sus cargos de responsabilidad, a pesar de manifestar la «profunda discrepancia política y jurídica».
En este sentido, el letrado remarca que todos ellos se comprometen a defender sus objetivos políticos desde las vías «pacíficas y democráticas» y, por lo tanto, abandonando la vía unilateral. «Mis mandantes no renuncian a sus convicciones políticas que pasan por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas», recoge el escrito presentado delante de Llarena.
Ni riesgo de fuga ni de reiteración delictiva
En el texto se argumenta que ya no ocupan lugares de responsabilidad y que, por lo tanto, desaparece el riesgo de reiteración delictiva; como también considera que hay ausencia de riesgo de fuga porque están arraigados, se presentaron ante la Audiencia Nacional cuando se los citó y, además, contribuyen a las listas el 21-D.
Otro de los argumentos esgrimidos es el del «derecho a la participación política». Recuerdan que son cargos electos y que, «en condiciones normales» tendrían que tener derecho a confrontarse en igualdad de condiciones con sus adversarios políticos. Además, destaca que tienen derecho a ejercer la representación política si los ciudadanos los escogen. Un hecho que, según el abogado, se puede fácilmente producir porque ocupan posiciones destacadas dentro de la lista de ERC.
En este sentido, el abogado cree que en estas semanas –y con unas elecciones de por el medio convocadas por el gobierno español- ha habido nuevos elementos que Lamela no podía valorar y que ahora sí puede hacerlo el juez del Supremo.
Según Van den Eyden, hay una «voluntad evidente de sometimiento a la jurisdicción» y que formar parte de la candidatura es un «elemento indiscutible de enraizamiento». El hecho de ser candidatos, además, cree que «los aleja de cualquier riesgo de reiteración delictiva porque han abandonado sus actividades como miembros del Gobierno cesado».
No hay plazos para la declaración
Por todo ello, pide que se revise la prisión indefinida y se cambié por una medida cautelar menos grave como es la libertad provisional y, sino y de manera subsidiaria, por alguna medida más leve a la qué actual están cumpliendo. También pide, explícitamente, que la declaración de los cuatro sea sólo para revisar la prisión indefinida y no para entrar en el fondo de la cuestión.
Fuentes del Supremo apuntan que el juez Pablo Llarena puede optar por tomarles declaración o también puede responder el escrito del abogado sin escuchar a los consellers destituidos. No hay un plazo para dar respuesta a la petición del letrado.