Los consellers destituidos acatan el 155 y dicen que actuarán dentro del «margen constitucional»

El abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, ha asegurado que los consellers destituidos han acatado ante el magistrado del Tribunal Supremo la aplicación del artículo 155 de la Constitución y han asegurado que actuarán dentro de la Constitución. Así, Jordi Pina ha asegurado que en el momento de presentarse a las listas electorales del 21-D «es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación del 155», si no, «no se presentarían y se mantendrían en el cargo contra viento y marea, cosa que» no ha «pasado». Además, los consellers del Gobierno Puigdemont han añadido que tienen la voluntad, si salen escogidos o gobiernan, de actuar «dentro de los márgenes constitucionales y de la legalidad vigente». Eso supone «diálogo con el gobierno español y con respecto a la democracia y la legalidad vigente». El abogado ha explicado que los exconsellers han dicho que «la Constitución puede ser modulable y, dentro del diálogo y el respeto entre todos y en el marco constitucional, se pueden conseguir finalidades políticas».

En todo caso, ha asegurado que los investigados no han dicho si había margen político para actuar unilateralmente, y tampoco han usado la expresión «por imperativo legal» para acatar el 155 y la Constitución. Pina ha querido dejar claro que los consellers destituidos no están de acuerdo con el 155, pero ha dicho que será el Tribunal Constitucional quien decidirá si su aplicación fue «acertada o no».

Pina ha dicho que confían en que el lunes queden en libertad porque tienen las posibles fianzas preparadas y porque tienen «argumentos sólidos» contra la prisión preventiva, aunque ha admitido que fiscalía y VOX, acusación popular, también tienen a favor, al considerar que no han cambiado las circunstancias y que hay diferencias entre ciertos investigados, porque algunos aparecen en documentos decomisados por la policía y otros tienen papeles menos relevantes.

Así, el letrado ha recordado que la mayoría de investigados se presentan a las elecciones del 21-D, cosa que es una circunstancia «excepcional» en el caso de un preso preventivo. Por eso, han reclamado al juez que los deje en libertad para que «acuda en las urnas en igualdad de condiciones: que todos los candidatos tengan las mismas posibilidades y que los ciudadanos tenga las mismas posibilidades de escuchar todos los argumentos políticos».

Por su parte, el letrado de VOX –que ejerce la acusación popular- ha explicado que también han pedido, coincidiendo con la fiscalía, que se mantenga la prisión indefinida para los consellers destituidos, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Su letrado, Javier Ortega, considera que todos ellos han hecho «un fraude de ley» porque después de protagonizar «una actividad delictiva constante y acreditada ahora acatan la Constitución».

Según Ortega, todos ellos han dicho que acatan la Constitución «por imperativo legal». Una manifestación que, para VOX, «no tiene validez penal porque acatarla es una obviedad». «Se han limitado a decir que lo acatan y que a partir de ahora mantendrán la actividad política a través de vías democráticas», ha añadido.

El abogado de la acusación popular mantiene que hay riesgo de huida porque parte del Gobierno cesado continúa en Bélgica, que también pueden destruir pruebas que, según VOX, pueden estar «en despachos, entidades civiles o domicilios particulares» y cree que pueden reiterar el delito en el objetivo de declarar la independencia porque es un extremo que «no «han negado».