El juez abre la puerta a que Sànchez y Cuixart también hayan cometido un delito de rebelión
El magistrado vincula el comportamiento de Junqueras, Forn y los líderes de las entidades a un «ejercicio de la violencia»
La jueza decreta prisión incondicional para Sànchez y Cuixart
El juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena abre la puerta a que el expresidente de l'ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también hayan cometido un delito de rebelión, que se sumaria al cargo de sedición. Es uno de los argumentos que el magistrado esgrime en el auto en que decide mantenerlos en la prisión, junto con el vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller Joaquim Forn. Llarena añade que hay «varios datos de la investigación» que vinculan una aportación de los cuatro «directamente vinculada con el ejercicio de la violencia».
También cree que el riesgo de reiteración delictiva «va expresamente unido a las responsabilidades públicas en las que aspiran». En un auto de 25 páginas, el juez utiliza en varias ocasiones el contenido del documento Enfocados, confiscado durante los cacheos del 20 de septiembre, y se centra más en el contenido de este que en las declaraciones hechas por los consellers destituidos y los Jordis el pasado viernes, más focalizadas en el acatamiento de la aplicación del artículo 155 y en la apuesta por la vía del diálogo.
Con respecto a Sànchez y Cuixart, el juez abre la puerta en que también hayan cometido el delito de rebelión. En una respuesta a un argumento de la defensa del presidente de Òmnium, cita que el documento Enfocados recopilación una «definición estratégica del procedimiento a seguir para conseguir la independencia» en qué enmarca la concentración del 20 de septiembre, donde «se constató la infiltración de numerosos comportamientos violentos y agresivos, que reflejaban el violento germen que arriesgaba expandirse» y que, «desde el momento en que algunos fueron impulsados y capitaneados» por Cuixart, «muestran los indicios de responsabilidad que se ahogan».
Llarena remarca que todos los investigados «reconocen que todavía mantienen» la aspiración de la independencia de Cataluña y detalla que Enfocados incluye la necesidad de «perseverar en su determinación» en caso de que el proceso desembocara en una intervención por parte del Estado, incluyendo un «plan de actuación para la desconexión forzosa y garantizar el éxito de una eventual vía unilateral».
En este sentido, recoge que el documento prevé una implicación «activa» de la ciudadanía, y que «tendrá que incrementarse el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado». Añade que se preveía impulsar gradualmente «una amplia movilización social» y diseñar una «estrategia de manipulación social que facilite conducir de manera efectiva a los diferentes individuos en función de su pensamen».