El Supremo apunta a los CDR: quiere saber quién los dirige y que han hecho «para promover la independencia»
El juez Llanera pide investigar también los miembros del «comité estratégico» para la independencia, entre ellos Marta Rovira
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El juez del Supremo Pablo Llarena ha solicitado nuevas diligencias en la causa por el proceso hacia la independencia y planea estudiar, una vez tenga los resultados, si imputa a más personas, entre las cuales podría figurar la candidata de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira.
La intención del juez es saber si hubo un concierto para la independencia entre los representantes de CDC, ERC y las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia, y en qué actos concretos se plasmó este supuesto plan. Quiere saber además si alguna de estas asociaciones ha sufragado estos actos.
Al mismo tiempo. el juez también pide una investigación en torno a los Comités de Defensa del Referèndum y de los Comités de de Defensa de la República (CDR). Reclama determinar quien|quién son sus responsables y, textualmente, «la intervención de estos comités en el proceso político desplegado para promover la independencia de Cataluña».
Y también conocer el papel en todo eso de las personas ya imputadas en la causa u otras, por ejemplo las que eran miembros del llamado Comité Estratégico, del que según el documento EnfoCat formaba parte la citada Rovira, entre otros.
El documento denominado EnfoCat determinaba supuestamente la hoja de ruta a seguir después de la declaración unilateral de independencia (DUI) y en él se hablaba de un comité estratégico formado por el presidente y vicepresidente del Gobierno, miembros de grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de ANC, Òmnium y Asociación de Municipios para la Independencia (AMI).
El valor del documento EnfoCat como prueba ha sido cuestionado por algunas defensas de los imputados.
En todo caso, el juez quiere averiguar, siempre a partir de investigaciones de la Guardia Civil, si este supuesto concierto incluía movilizaciones públicas y posibles actos violentos, y también si se han usado fondos públicos en estos actos, caso que se hayan llevado a cabo.
Así, exige investigar que fondos públicos se han podido servir en iniciativas anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como podrían ser campañas de diseño y promoción de vídeos promocionales del referéndum, carteles, papeletas, urnas, registro de catalanesen el extranjero y otros semejantes.
El magistrado reclama también al juzgado 13 de Barcelona, que ha instruido un sumario sobre hechos vinculados con la causa, varias actuaciones que ha practicado en relación con el proceso secesionista. El propio juez cita en su providencia los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación en los cuales podrían estar implicados los investigados en la causa u otros nuevos imputados.