Uno de cada tres Guardia Civiles de Tarragona quiere marcharse de Cataluña para el 1-O
La AUGC pide que los Mossos que cumplieron la Constitución aquel día se pasen a su cuerpo
Esta mañana se han reunido el subdelegado de Gobierno en Tarragona, Jordi Sierra, y varios representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para hablar de los problemas más importantes que afectan a los agentes y a sus familias.
La entidad ha manifestado que «viven una situación de ruptura social en las poblaciones, a causa del proceso separatista y a los escraches de los sectores más radicales del independentismo». Según la AUGC, los días previos y posteriores al referéndum «gran parte de la población rodearon los cuarteles insultando y amenazando los Guardia Civiles y a sus familias».
Los representantes de la Guardia Civil mostraron su malestar a Jordi Sierra y afirmaron que, según un sondeo, «un 30% de los agentes que dan servicio en Tarragona tienen la intención de marcharse fuera de Cataluña, por culpa de los problemas que han tenido sus hijos en las escuelas.» «En los colegios e institutos se colocaban carteles que no tenían nada que ver con la enseñanza y daban apoyo a los políticos ingresados en prisión», aseguran desde la agrupación. Es por eso, que han solicitado «el reconocimiento de trabajo en 'Zona Conflictiva'», condición que tienen los compañeros destinados al País Vasco y Navarra.
También han pedido al subdelegado que explique a su grupo parlamentario que se permita la 'pasarela' de los Mossos d'Esquadra que hicieron cumplir la Constitución y que están teniendo problemas con sus compañeros y con sus mandos en sus comisarías. Para hacer más fácil el traslado apuestan por «conservar los agentes, la provincia de destino, la antigüedad, la graduación y la especialidad» para ahorrar recursos de formación y hacer sólo una adaptación a la Guardia Civil.
Otros temas que se han tratado a la reunión han sido la equiparación salarial con las policías autonómicas, la falta de plantilla y de turnos de trabajo a causa del despliegue territorial y que se deje de aplicar el Código Penal Militar a la Guardia Civil. Desde la entidad consideran que «falta un 45% más de agentes en la provincia para dar respuesta a las necesidades del servicio en Tarragona».