El Supremo no activará la euroorden para detener Puigdemont en Dinamarca

El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha desatendido la petición de la Fiscalía y ha decidido no dictar la euroorden para detener a Carles Puigdemont en Dinamarca. Llarena considera que la petición de la fiscalía es «razonable» pero decide «posponerla» porque cruz Puigdemont viaja a Dinamarca para «forzar» que lo detengan. De esta manera, y ya como detenido o encarcelado en el Estado, podría «justificar» mejor una investidura a distancia y también podría, como ya han hecho otros consellers destituidos que están en la prisión, pedir delegación del voto. Esta mañana a primera hora, la Fiscalía ha pedido formalmente en el Supremo que dictara la euroorden aprovechando la estancia de Puigdemont en la capital danesa para participar de un debate a la Universidad de Copenhague. El ministerio público quería que las autoridades de Dinamarca detuvieran al presidente destituido por los delitos de rebelión y/o sedición. Llarena fue el magistrado que el pasado 5 de diciembre desactivó una primera euroorden contra Puigdemont y los cuatro consejeros|consellers cesados en Bruselas dictada por la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Fiscalía, que había solicitado al juez instructor Pablo Llarena que emitiera una euroorden aprovechando la presencia de Puigdemont en Dinamarca. En un auto de siete páginas, valora como «razonable» la petición del ministerio público pero cree que hay «matices» que hacen que decida «posponerla a un momento no necesariamente lejano». Cree que si la cursara en este momento, «pondría en riesgo el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario». Y también apunta que se tiene que dictar en un momento en que el estado requerido «pueda hacer una evaluación completa de los hechos que sustentan la petición de colaboración».

«Provocar y forzar» una detención

El juez entiende que Puigdemont se«vanagloria» yendo a Copenhague y que lo que busca es «provocar» y «forzar» una detención en el extranjero. En el auto asegura que la estrategia de Puigdemont quiere «burlarse el orden legal que rige la actividad parlamentaria» y favorecer «la estrategia anticonstitucional e ilegal».

«Llama la atención que quien se encuentra prófugo de la justicia después de salir furtivamente de España suscite por adelantado su intención de trasladarse del lugar donde, inicialmente, buscó refugio», argumenta al juez en su resolución.

Conseguir delegar el voto y presentarse a la investidura

Llarena cree que el presidente destituido busca que lo detengan y, con eso, «forzar un contexto» que le permita delegar el voto «como si estuviera en el mismo supuesto» que los consellers destituidos que están aprisionados por orden del mismo juez. Junqueras, Forn y Sànchez pudieron delegar el voto en la sesión de constitución del Parlament, después de que el mismo Llarena abriera la puerta a hacerlo y dejara en manos de la Mesa establecer la fórmula como se tenía que hacer esta delegación del voto.

También sospecha que el presidente destituido busca que se lo pueda investir a distancia. Llarena cree que Puigdemont ha visto que hay una «imposibilidad legal» de optar a la investidura desde Bélgica (apunta también a los argumentos de los letrados del Parlament) y que, por eso, quiere que lo detengan y lo lleven a ante la justicia española. Así, continúa el juez, podrá tener una «justificación» para argumentar su ausencia en el Parlament el día de la sesión de investidura. «Busca tener una justificación de que su ausencia no responde a la decisión como prófugo de la justicia sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta», recoge al juez al auto. El juez defiende que los instrumentos de privación de libertad no se pueden desplegar «para facilitar su transgresión y ruptura».

Justifica la retirada del euo orden del 5 de diciembre

Nuevamente, en este auto el juez aprovecha para recordar por qué retiró la euroorden dictada por la Audiencia Nacional contra Puigdemont y los cuatro consellers destituidos que están en Bruselas.

Apunta que se podría haber dado el caso de que la justicia belga hubiera entregado los cinco por un número de delitos menores a los que se enfrentan el resto de imputados que han declarado al Tribunal Supremo. «Si hubiera pasado, dificultaría la respuesta homogénea que había justificado la acumulación de las actuaciones en este tribunal», argumenta Llarena.

También aclara que, en caso de que Bélgica hubiera entregado los cinco ante la justicia española por otros delitos, eso no quiere decir que la calificación penal que se ha hecho en el Supremo sea «inadecuada o errónea». Además, añade que no se retiró por una «desconfianza» en la justicia belga sino por las «lógicas divergencias que pueden existir en delitos complejas entre los ordenamientos jurídicos de países diferentes».