La Fiscalía pide al Supremo una euroorden para que las autoridades danesas detengan Puigdemont

La Fiscalía ha pedido formalmente que el Tribunal Supremo envíe una euroorden de detención para que las autoridades de Dinamarca detengan a Carles Puigdemont por el delito de rebelión y/o sedición. Ahora el juez Pablo Llarena tendrá que decidir si acepta la petición. De hecho, Llarena decidió desactivar el pasado 5 de diciembre la euroorden contra Puigdemont y los cuatro consellers cesados en Bruselas. Puigdemont ha aterrizado esta mañana en Copenhague donde tiene previsto participar en una conferencia organizada por la universidad de la capital danesa.

La posible reactivación de la euroorden de detención ha estado sobre la mesa estos últimos días después de que a finales de la semana pasada se hiciera público que Puigdemont asistiría a un debate sobre el proceso en la Universidad de Copenhague y que, por lo tanto, supondría la primera salida de territorio belga desde que llegó a finales de octubre. El presidente destituido ha llegado a la capital danesa este lunes, pasadas las ocho de la mañana, en un vuelo de Ryanair procedente del Aeropuerto del Charleroi. A la llegada, lo esperaban numerosos medios de comunicación catalanes, que han seguido Puigdemont, que no ha hecho declaraciones, hasta un coche que lo esperaba.

Este fin de semana, el ministerio público avisó de que solicitaría al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena activara una euroorden de detención y entrega contra el presidente destituido y que sólo estaba «pendiente de confirmación oficial vía policial» de los movimientos de Puigdemont. Finalmente, esta mañana, una vez obtenida la confirmación que Puigdemont ya era en Dinamarca, se ha activado la petición en el alto tribunal para que reactivara la euroorden.

El juez del Supremo retiró las órdenes europeas de detención dictadas por la Audiencia Nacional contra Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig el pasado 5 de diciembre. El magistrado argumentó que desistía de la colaboración de la justicia belga porque, después de emitir las órdenes, se había definido que los hechos que se investigan se han llevado a cabo de manera «concertada por parte de todos los investigados» y, por lo tanto, todos tienen que formar parte de una «unidad jurídica inseparable» que se tiene que instruir en el Supremo.

Con la retirada de la euroorden, Llarena evitó que la justicia belga decidiera por qué delitos entregaba Puigdemont al Supremo, ya que se podía haber dado el caso que los delitos de imputados por unos y otros no coincidieran. El Supremo instruye una causa por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.