Las condiciones de la CUP a la investidura: judicatura propia y suspender el pago de la deuda

La CUP pone sobre la mesa sus condiciones para avalar la investidura de Carles Puigdemont o de cualquier otro candidato independentista. Los anticapitalistas han explicado que este miércoles por la tarde se reúnen con JxCat y ERC para presentarles un documento de trece páginas con «propuestas políticas que la organización considera fundamentales para encarar la legislatura y que servirán de documento base para las negociaciones de los próximos días». La CUP reclama, pues, la «materialización institucional, social y democrática de la República» con una serie de propuestas que pasan, entre otros, por la creación de una Asamblea Constituyente, el establecimiento de una judicatura propia, la puesta en marcha de una banca pública, la titularidad y «soberanía públicas» de infraestructuras y de energía, o suspender el pago de la deuda de la Generalitat.

En un comunicado, la CUP ha anunciado que tiene a punto este documento para que sea la base de su negociación. La formación quiere así «mantener abierta la vía de un posible acuerdo político en caso de que la militancia lo decidiera durante el próximo Consejo Político del 27 de enero». «Con este documento también se pretende hacer una propuesta política clara ante la poca concreción de programa de Gobierno y la parálisis propositiva de los actores con posibilidad de constituir al nuevo ejecutivo», añaden los anticapitalistas a su comunicado.

En el documento que presentan en JxCat y ERC, se pone sobre la mesa que la «materialización institucional de la República» incluya principalmente «una Asamblea Constituyente; el Proceso Constituyente; organismos públicos de soberanía como la banca pública, la Agencia Tributaria, la agencia de la seguridad social, una judicatura propia y el gobierno soberano de los cuerpos policiales; la titularidad pública y soberanía de las infraestructuras estratégicas, mediante las correspondientes agencias públicas para instalaciones aeroportuarias, transportes, comunicaciones, agua, energía y vivienda; la suspensión del pago de la deuda pública; la internacionalización de la República; y la construcción nacional de los Países Catalanes.

La otra parte del documento cuento medidas para la «materialización social de la República», que pasan para poner en marcha «un plan de choque contra la pobreza; el aumento del salario mínimo hasta los 1.200 euros; un plan de apoyo a autónomos y a la economía social y solidaria; la garantía efectiva del derecho a la vivienda; la financiación pública de la educación de 0-3 años; la no renovación de los conciertos con las escuelas elitistas y que segregan por sexo; un plan de creación de centros de secundaria, formación profesional y universitaria que garantice la provisión pública universal; la recuperación de la gestión pública de las estructuras sanitarias privatizadas; un plan de supresión de las listas de espera en el sistema sanitario; un plan de choque contra la violencia machista; la igualdad salarial entre mujeres y hombres; un plan de choque contra la corrupción; la garantía de la financiación para la sostenibilidad de los medios de comunicación públicos; un nuevo sistema fiscal redistributivo y progresivo; la suspensión de los desahucios; y la garantía pública y universal de los suministros básicos de las viviendas».

En este sentido, la CUP considera primordial que «las primeras actuaciones consistirán en la restitución, actualización y aplicación soberana de las leyes y decretos aprobadas en la pasada legislatura y suspendidas por el Tribunal Constitucional».

En esta misma línea, los anticapitalistas enmarcan en la «materialización democrática de la República» la actuación política derivada de «la legitimidad» de los resultados del 1-O, el 27-O y el 21-D. «Dando continuidad a la Declaración del 9-N del 2015, hace falta dar siempre superior legitimidad y aplicar todas aquellas decisiones e iniciativas del Parlament y del Gobierno de Catalunya, relativas a los puntos anteriores, aunque puedan ser objeto de suspensiones o prohibiciones por parte de las instituciones del Estado», se concluye en el documento de la CUP.