El gobierno español aprueba el recurso al TC contra la candidatura de Puigdemont porque tiene «argumentos legales suficientes»

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el recurso al Tribunal Constitucional para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont. El gobierno español da el paso a pesar del revés del Consejo de Estado, que considera que no hay fundamentos para impugnar ahora esta decisión. Sin embargo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que hay «argumentos legales suficientes» para desobedecer el dictamen del órgano consultivo y confía en que el TC lo admitirá a trámite y, automáticamente, suspenderá cautelarmente la candidatura de Puigdemont. La número 2 de Rajoy afirma que tienen el «compromiso legal y político» de parar una investidura «que vuelva a vulnerar los principios democráticos». Sáenz de Santamaría remarca que Puigdemont está «en busca y captura y huido de la justicia» y que, por lo tanto, no puede ser presidente. Preguntada por si lo puede ser Oriol Junqueras –encarcelado en Estremera- ha dicho que lo tendría que decidir el juez. La vicepresidenta dice al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no se puede celebrar un pleno si Puigdemont es el candidato y su opción está impugnada y lo insta a proponer otro candidato antes del martes por la tarde.

La vicepresidenta del gobierno español ha comparecido después del Consejo de Ministros para justificar el porqué, a pesar del no aval del Consejo de Estado, han aprobado un recurso delante del TC para impugnar la candidatura de Puigdemont. Sáenz de Santamaría asegura que existen «argumentos legales suficientes» para dar el paso, aunque el órgano consultivo cree que, temporalmente, ahora no es el momento porque se está impugnando «una hipótesis».

La número 2 de Rajoy ha defendido que el gobierno español tiene que hacer «todo lo que legalmente esté en su mano» para evitar que Puigdemont sea candidato y que «se vulnere la legalidad y el estado de derecho». Ha reiterado en numerosas ocasiones que Puigdemont es una persona «en busca y captura» y que no ha respondido de sus obligaciones legales ante el Tribunal Supremo. Por eso, reconoce que es una situación «inédita, excepcional y sin precedente» que una persona «huida de la justicia» sea candidato a presidente. «Respetamos la decisión del Consejo de Estado pero nosotros entendemos que hay argumentos legales para defender que no puede hacerse la investidura», manifiesta.

Hasta ahora, la Moncloa había actuado con una política de hechos consumados. Es decir, esperaba que el Parlament o el Gobierno actuara y acreditara sus intenciones en un acto administrativo y, si consideraba que la decisión o el acuerdo vulneraba la ley, lo recorría delante del TC. Ahora, sin embargo, reconocen que creen que tienen que actuar con anticipación y evitar –vistos los precedentes, apuntan- que «se vuelvan a vulnerar los principios democráticos». Lo argumentan, además, diciendo que tienen el compromiso no sólo legal sino también político. «Tenemos la posibilidad de hacerlo y lo tenemos que hacer», ha sentenciado la vicepresidenta.

Confianza en el TC

Sáenz de Santamaría recuerda que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo, es decir, obligatorio por ley pero que no es vinculante. De hecho, el paso determinante será el que dé el Tribunal Constitucional. Una vez esté sobre la mesa el recurso del gobierno español –este mediodía todavía no había llegado al alto tribunal-, los magistrados se tendrán que reunir y estudiar si lo admiten a trámite.

El gobierno español invocará el artículo 161.2 de la Constitución que le permite que, con una simple admisión a trámite, el acuerdo que impugnan quede suspendido cautelarmente. Por eso, si el TC resuelve antes del martes y admite a trámite el recurso, la candidatura de Puigdemont quedará impugnada automáticamente. El gobierno español es consciente de que la admisión a trámite es una cuestión formal y que los magistrados no tienen que entrar en el fondo de la cuestión. Eso les hace ganar tiempo y les permite que, antes del martes, Puigdemont no pueda ser legalmente el candidato.

Presión a Torrent

A partir de aquí, la vicepresidenta pone la presión al presidente del Parlament, Roger Torrent. Según manifiesta, tiene tiempo hasta el 31 de enero –siguiendo los plazos marcados en el reglamento de la cámara catalana- para proponer un candidato. Sáenz de Santamaría recuerda que Torrent puede proponer uno que no sea Puigdemont y adelanta que, siguiendo el escrito de los letrados, tiene que ser un diputado que esté presente en la cámara y que esté «en plenas libertades». Si es así, el ejecutivo no ve problema para que la sesión convocada para el martes 30 a las 15h de la tarde se pueda celebrar.

Si Torrent insistiera en que el candidato es Puigdemont –a pesar de la impugnación por parte del TC- el gobierno español advierte de las responsabilidades penales que tendría que asumir al presidente de la cámara para desobedecer los tribunales.

Preguntada sobre qué pasa si se agota el plazo del día 31 y no se propone ningún candidato, Sáenz de Santamaría ha dicho que tiene que ser la Mesa quien interprete el reglamento. Las normas de la cámara recogen que, a fin de que se pueda convocar el pleno de investidura, hace falta que haya un candidato.

Si hay pleno, también se impugna

Fuentes de la Moncloa reconocen que, además, si el presidente del Parlament mantiene la intención de celebrar un pleno con una candidatura de Puigdemont suspendida por el TC, también se impugnaría. De hecho, apuntan que ya están trabajando en este supuesto para evitar, incluso, que se pueda celebrar y pararlo antes vía Tribunal Constitucional.