El TC se reunirá este martes para resolver las alegaciones de JxCat

Los miembros del Tribunal Constitucional se reunirán este martes a las 13h para resolver las alegaciones presentadas este lunes por la tarde por Junts per Catalunya en contra de las medidas cautelares dictadas por los magistrados, que implican la suspensión de cualquier investidura a distancia, la condición de que Puigdemont obtenga permiso de un juez para estar presente en la sesión y la negación de la posibilidad que los diputados que se encuentran en Bruselas deleguen su voto. La reunión del TC empezará sólo dos horas antes de la hora marcada por|para al inicio del pleno de investidura, convocado a las 15h en el Parlament de Catalunya. Los magistrados han dado al resto de las partes –el Abogado del Estado y el Parlament- un plazo que expira a las 11h de este martes para que formulen también sus alegaciones.

Los magistrados pretenden dar respuesta in extremis al escrito que ha presentado Junts per Catalunya, que reclama que se anulen las medidas cautelares dictadas el sábado. La coalición argumenta que son «nulas de pleno derecho» y que «vulneran derechos fundamentales», dado que «no «han sido solicitadas» por ninguna de las partes y «invaden» la autonomía del Parlament de Catalunya y la competencia exclusiva de la mesa del parlamento en la aplicación y la interpretación de su reglamento. En paralelo, Junts per Catalunya también pide que se acuerde la suspensión cautelar de las medidas mientras se tramita el recurso.

El escrito se dirige contra las medidas adoptadas por unanimidad del pleno del TC este sábado, cuando|cuándo tenía que decidir si admitía a trámite o no el recurso del gobierno español contra la designación de Puigdemont como candidato y el orden del día del pleno del día 30.

Después de 5 horas de discusión, y sin un acuerdo sobre esta admisión a trámite, los magistrados optaron por abrir un plazo de 10 días para que las partes presenten sus posiciones y emitir sólo un pliegue de medidas cautelares que suspendía cualquier sesión de investidura que no fuera «presencial» y condicionaba además esta posible presencia del candidato al hecho de obtener previamente la autorización de un juez.

También dictaba que los diputados electos sobre los cuales pesa una orden judicial no podían delegar el voto en otros parlamentarios y advertía al presidente y a la Mesa del Parlament de las medidas penales a las cuales se podían enfrentar si desobedecían.