El TC desestima las alegaciones de JxCat y mantiene las medidas cautelares sobre el pleno de investidura

El TC ha desestimado este martes por unanimidad las alegaciones qué Junts per Catalunya presentó contra las medidas cautelares adoptadas este sábado, que quedan vigentes. Los magistrados argumentan que la reclamación para que se suspendan estas medidas es infundada porque el tribunal actuó en el ejercicio de sus competencias constitucionales y no se puede pedir la suspensión cautelar de una decisión del propio Tribunal Constitucional. De esta manera, mantienen el criterio del escrito de este lunes, donde justificaban las medidas por razones de urgencia, para evitar daños de imposible o difícil reparación y para no dejar sin contenido la prerrogativa que el artículo 161.2 concede al gobierno español de impedir, vía suspensión automática, los actos administrativos que recurre.

Los magistrados rechazan de esta manera el escrito presentado por Junts per Catalunya, que pedía la suspensión de las medidas porque las consideran «nulas de lleno derecho» y «vulneran derechos fundamentales», dado que no «han sido solicitadas» por ninguna de las partes y «invaden» la autonomía del Parlament de Catalunya y la competencia exclusiva de la mesa del parlamento en la aplicación y la interpretación de su reglamento.

Han adoptado la decisión en una hora y media y después de estudiar las alegaciones del grupo parlamentario y también el escrito que ha registrado la Abogacía del Estado en contra de la petición de los diputados independentistas. La petición de Junts per Catalunya tenía pocas posibilidades de prosperar, dado que el mismo TC hizo pública este lunes la argumentación para justificar las medidas cautelares del sábado.

Este martes los magistrados sólo han resuelto sobre las alegaciones qué Junts per Catalunya presentó contra las medidas cautelares. El TC no ha decidido todavía sobre la admisión a trámite del recurso que el gobierno español presentó la semana pasada, un debate que les generó división el sábado y que acabaron aplazando aduciendo que hay que dar un plazo de diez días en las partes para que posicionen.

De fondo, las diferencias de criterio entre los dos sectores del TC y el hecho que tienen sobre la mesa dos informes –del Consejo de Estado y de los propios letrados del TC- contrarios a la admisión a trámite.