Junqueras, Sànchez y Cuixart llevan su encarcelamiento a las Naciones Unidas

El abogado inglés especializado en derechos humanos Ben Emmerson ha presentado este jueves ante un organismo de la ONU una petición para que revise el encarcelamiento del vicepresidente destituido a Oriol Junqueras, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exlíder de l'ANC Jordi Sànchez. Según el equipo legal liderado por Emmerson, la prisión preventiva vulnera los derechos fundamentales de los líderes de un «movimiento político pacífico». Este letrado fue relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y un referente internacional en la materia. Ha representado a Marina Litvinenko o las víctimas de pederastia de la iglesia inglesa, así como también ha sido crítico con la 'ley mordaza' aprobada por el gobierno español.

El prestigioso abogado británico Ben Emmerson se pone al frente de la causa por los presos independentistas catalanes. Este jueves ha denunciado el caso ante las Naciones Unidas. Concretamente, Emmerson, una referencia mundial en el derecho internacional humanitario, ha presentado lo que se denomina 'comunicación' al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria (Working Group donde|dónde Arbitrary Detention) para que confirme si la situación de prisión preventiva de Cuixart, Sànchez y Junqueras vulnera derechos fundamentales recogidos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el estado español.

Tal como el mismo Emmerson ha confirmado en una rueda de prensa en el despacho Matrix Chambers de Londres, la petición insta al Grupo de Trabajo a exigir al gobierno español la libertad inmediata de Cuixart, Sànchez y Junqueras y poner «punto final a las numerosas» violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Emmerson argumenta que hay «evidencias claras» que se han vulnerado derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y participación, así como el derecho a tener un juicio justo. Además, añade que Cuixart, Sànchez, Forn y Junqueras están en prisión en un «caso claro de discriminación por motivos políticos». En su exposición, Emmerson subraya que todos estos derechos están protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Durante la rueda de prensa, Emmerson y la abogada Rachel Lindon, que trabaja en París y Madrid, han explicado que las acusaciones contra los tres encarcelados «son claramente sin fundamento» y con connotaciones «políticas», ya que ninguno de los tres ha actuado o promovido la violencia. De hecho, han dicho que si han cometido algún delito, este no es el de rebelión ni sedición, que implica violencia, y que se está aplicando mal el derecho penal español. Así, consideran que se los ha encarcelado para forzarles a abandonar sus convicciones y su papel en la política catalana. De hecho, Lindon ha asegurado que mientras los juzgados catalanes, como el TSJC, habían rechazado hasta ahora que el movimiento independentista hubiera actuado con violencia, los tribunales estatales, como la Audiencia Nacional y el Supremo, sí que lo han hecho, con el único objetivo, según ella, de justificar el encarcelamiento preventivo. Además, ha recordado que convocar un referéndum ilegal no es delito desde el 2005.

Según los letrados, la actuación del estado español supone un «peligroso precedente» a nivel internacional y vulnera los compromisos del estado con la comunidad mundial porque se han encarcelado líderes de movimientos políticos pacíficos. De hecho, Emmerson ha dicho que la situación no tiene precedentes en las democracias europeas y ha instado a imaginarse si el gobierno británico hubiera encarcelado a los líderes independentistas escoceses cuándo estos pedían el referéndum. Preguntados por si quieren comparar la democracia española con otros casos donde ha intervenido la ONU como Irán o Venezuela, Emmerson ha dicho que en este caso concreto el estado español no está actuando conforme a las leyes democráticas internacionales.

Sobre los motivos por los cuales Forn no se ha adherido a la petición no han querido incidir demasiado, asegurando que desde prisión cuesta decidir los pasos legales a hacer, y han recordado que el conseller de Interior destituido ya ha renunciado a su escaño. Tampoco han querido concretar si en un futuro próximo podrían defender al presidente destituido Carles Puigdemont, cuyas circunstancias son claramente diferentes.

En los próximos días o semanas, este organismo de las Naciones Unidas comunicará al gobierno español que ha recibido la petición y que inicia una investigación a partir de la cual los expertos evaluarán los argumentos elevados por Emmerson y, posteriormente, el Grupo de Trabajo se pronunciará. Las conclusiones no son vinculantes pero son un elemento «importando» para el estado español y para cualquier tribunal internacional. Este organismo de Naciones Unidas ha fijado posición sobre la vulneración de derechos humanos en países como Venezuela, Ruanda, Reino Unido o Irán. Desde el bufete Matrix Chambers se muestran optimistas tanto en el tiempo de respuesta de la ONU como con su contenido, que esperan que no tarde muchos meses al llegar.

Los letrados han explicado que la decisión de acudir a la ONU cuando todavía no se ha juzgado el caso es para conseguir la liberación de Junqueras y los 'Jordis' antes de que haya el juicio y una sentencia firme. Será entonces cuando se pueda recurrir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ya que actualmente consideran que «las puertas de la jurisdicción española están cerradas». Por eso, los encarcelados llegaron a la conclusión de que había que internacionalizar el procedimiento judicial.

Los nuevos abogados todavía no han visitado a sus clientes pero no descartan hacerlo próximamente.

Clientes y casos relevantes

Miembro fundador del bufete de abogados Matrix Chambers, situado bien cerca de la City de la capital británica, Ben Emmerson es una referencia mundial en derecho internacional humanitario y derechos humanos. Acumula más de 25 años de experiencia litigante ante tribunales internacionales, incluida la Cort Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Del 2012 en el 2017, fue relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. Como relator de las Naciones Unidas también ha denunciado la represión política a la Arabia Saudí y la tortura en países como Túnez.

La carrera del letrado, de hecho, arrancó básicamente defendiendo los derechos de colectivos homosexuales en Inglaterra. Entre los casos más conocidos que ha llevado|traído hay el de la 'ley mordaza' española. Fue uno de los relatores de las Naciones Unidas que advirtió el gobierno español que la ley de seguridad ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', supone una amenaza sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los individuos y los derechos de manifestación y expresión.

También fue el abogado de la mujer del ex agente del KGB ruso Alexander Litvinenko, muerto en el 2006 después de ser envenenado con un elemento radiactivo en Londres. Emmerson la representó durante la investigación y, después de conocer las conclusiones que apuntaban directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, pidió en el Reino Unido que actuara contra lo que consideraba «acto terrorista y nuclear».

Igualmente, en el 2013 defendió Moazzam Begg, un ciudadano británico encarcelado injustamente en Guantánamo durante seis meses acusado de terrorismo a la guerra civil de Siria.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el cual expertos en la materia investigan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde su creación, el año 1991, ha emitido más de 600 dictámenes. Este organismo ya emitió un comunicado después del referéndum del 1 de octubre donde hacía un llamamiento al gobierno español a respetar plenamente los derechos fundamentales, incluida la libertad de reunión y asociación, y lo instaba al diálogo político.

El grupo de trabajo también se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el uso persistente de la Arabia Saudí de leyes antiterroristas para perseguir activistas pacíficos; ha pedido en Irán que anule una pena de muerte contra el académico Ahmadreza Djalal, condenado por espionaje; ha condenado el encarcelamiento del abogado de derechos humanos chino Jiang Tianyong; y ha instado al gobierno de Chile a no aplicar la ley antiterrorista contra los pueblos indígenas.