Barcelona se presenta como acusación popular a las causas para el 1-O

El Ayuntamiento de Barcelona se personará en las 27 causas abiertas para investigar la actuación policial el 1-O en la ciudad, en el marco de la operación coordinada por el coronel Diego Pérez de los Cobos con motivo de la suspensión del referéndum soberanista, que finalmente fue ilegalizado.

El teniente de alcalde de Derechos Civiles, Jaume Asens, ha anunciado hoy que el ayuntamiento ha decidido personarse de forma efectiva en todas las causas acumuladas en el juzgado número 7 de Barcelona ante la «ausencia de la Generalitat» y la «inacción del ministerio fiscal», al que ha acusado de ponerse «al servicio del Gobierno».

Asens ha considerado que Pérez de los Cobos debería dar explicaciones de lo ocurrido «en calidad de imputado o como testigo» en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 7, que acumula centenares de causas por presuntas agresiones cometidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O.

El teniente de alcalde ha criticado a De los Cobos por haber declarado ayer que «la ley está por encima de la convivencia», según el relato del concejal, y que no «había leído los fundamentos de la resolución» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que indicaba que la intervención policial debía hacerse sin alterar la convivencia ciudadana.

«Si no se la leyó, es un irresponsable; y si la leyó y ayer dijo lo contrario, es un mentiroso», ha señalado Asens, para quien De los Cobos mostró ayer «menosprecio al contenido de la resolución del TSJC, a la ciudadanía catalana y a los derechos humanos».

Además, añade que las cargas policiales de la mañana del 1 de octubre, dentro y alrededor de las escuelas públicas de la ciudad, «tuvieron un eco notorio y pueden afectar negativamente a la imagen de Barcelona en el mundo».

Un informe sobre los hechos ocurridos el 1-O elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de la entidad de defensa de los derechos humanos Iridia, concluye que «hubo tratos humillantes y vejatorios a personas» y que las actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 1 de octubre, a pesar de estar enmarcadas en la ejecución de órdenes judiciales para impedir la votación en el referéndum, supusieron un uso excesivo de la fuerza e «iban dirigidas a generar pánico entre la población civil».