Llarena rechaza la petición de libertad de Sànchez

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado este martes la petición de libertad del expresidente de l'ANC Jordi Sànchez aduciendo que han aparecido nuevos elementos sobre su supuesta participación en los hechos investigados. En un auto de 10 páginas, el juez hace referencia a la libreta del exnúmero dos de la Consejería de Economía, Josep María Jové, «que evidencia no sólo la reunión de partidos políticos soberanistas y los representantes de l'ANC y Òmnium Cultural, sino que estos contemplaban la movilización ciudadana como un elemento estratégico para la consecución de la independencia». Argumenta que también existe un supuesto riesgo de «reiteración delictiva» porque Sànchez «mantiene su ideario soberanista» y «no ha renunciado a la actividad pública».

El magistrado mantiene Sànchez en situación de prisión provisional –donde está recluido desde el 16 de octubre- insistiendo en que las entidades y los partidos independentistas llamaron a la movilización como herramienta para conseguir a la independencia de Cataluña y aunque eran conscientes de «la altísima probabilidad que esta movilización desembocara en actos violentos defiende de la declaración unilateral de independencia».

Según Llarena, los «nuevos elementos de apoyo|soporte» que han aparecido durante la investigación demuestran que l'ANC participaba de un «reparto funcional» de funciones para una movilización para «forzar el Estado a aceptar la independencia». Cita la agenda de Jové, que «evidencia» que l'ANC, Òmnium, AMI, CDC y ERC «contemplaban la movilización ciudadana como elemento estratégico para la consecución de al independencia». También hace referencia en el documento Enfocats que defendía la necesidad de crear «un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano».

En este sentido recuerda que los presidentes de l'ANC y Òmnium han participado junto con los líderes de las formaciones independentistas en varios actos políticos olmo «han proyectado la existencia de una actuación compartida». Destaca que Sànchez ha afirmado en alguna ocasión que «hablaba en nombre del expresidente Sr. Puigdemont, o de los partidos soberanistas PDeCAT, ERC o CUP, a la vez que se ha proclamado como garante que se celebraría un referéndum de lo que derivaría la declaración de independencia a no ser que el gobierno del Estado lo impidiera con actos impropios».

Llarena también cita las convocatorias del ACN «para que los ciudadanos se congregaran en movilizaciones orientadas a dificultar la prohibición del referéndum, o incluso donante pautas de como se tenían que ocupar los centros de votación la madrugada del 1-O por|para imposibilitar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran llevar a cabo las decisiones judiciales de impedir su celebración».

El juez insiste en el riesgo de reiteración delictiva. Según Llarena, contrariamente a otros imputados en este proceso, el caso de Sànchez incluye un riesgo más elevado porque «no sólo no ha renunciado a la actividad pública que –desde varios frentes- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso en una candidatura que tiene un líder que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política quer condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades» y que «desembocó en la aplicación del artículo 155».

Sus actuaciones «favorecieron el estallido social»

Según Llarena, este riesgo de reiteración está fundamentado, también en la actuación anterior de Sànchez, que «impulsó movilizaciones multitudinarias que favorecieron el estallido social y que específicamente estimularon o asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado».

Tal como apuntaba también en autos anteriores, a la hora de justificar la prisión provisional el juez hace referencia a la existencia de un «contexto político» en Cataluña «todavía concurren sectores que defienden explícitamente que hay que conseguir la independencia de Cataluña de manera inmediata y que se tiene que conseguir perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales».

Según Llarena, estos sectores «siguen ajustados al plan de secesión que se recoge en el documento Enfocados», donde «se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español» y donde «se expresaba la necesidad de perseverar en la estrategia y en los objetivos a pesar del supuesto de que el Estado interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma».