Admitidas las tres primeras querellas por lesiones el pasado 1-O en el IES Pau Claris de Barcelona

El Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha admitido a trámite las tres primeras querellas por las lesiones a tres mujeres que el pasado 1-O sufrieron en el IES Pau Claris de Barcelona como consecuencia de la violencia policial cuando|cuándo se disponían a participar en el referéndum. Concretamente, el juzgado investigará si hubo delitos de lesiones y contra la integridad moral y en uno de los casos con el agravante de odio de motivación ideológica y de género contra Marta T., una de las víctimas. En las querellas se relata como en las 10.30h aparecieron una setentena de agentes de la policía española, entraron por el patio y una vez dentro y sin previo aviso golpearon violentamente a las personas sentadas en actitud pacífica.

Además, según relatan las querellantes, los agentes se dirigieron «especialmente hacia las mujeres que se encontraban allí, y sin decir nada, las arrancaban violentamente de las escaleras a través de estirones de pelo, estirándolas de los brazos y de las piernas», mientras que los hombres les daban golpes en la cara o patadas. En este sentido, acusan a la policía española de llevar a cabo una actuación «perfectamente coordinada y concertada entre los agentes» con el objetivo de lesionar los allí presentes y provocarlos «angustia, pánico y una profunda humillación e impotencia».

En los textos, los querellantes apuntan que podían ver cómo los agentes se iban acercando en la zona donde se encontraban, «golpeando a la gente que se encontraban por el camino», y sin poder moverse decidieron «taparse la cara para no ver nada más». Posteriormente, varios agentes llegaron hasta el lugar y algunos las cogieron por el brazo y «violentamente» las levantaron haciéndolas chocar con la cara contra otros agentes y fueron a parar escaleras abajo. Seguidamente, mientras se encontraban derechas unos peldaños más abajo y «en clara disposición de marcharse del lugar, los agentes las cogieron «violentamente y, como si fueran un objeto» y los dieron un fuerte empuje que las hicieron caer sobre las personas que había en la parte baja de las escaleras.

Cuando las víctimas se levantaron todavía recibieron un golpe en la cabeza por parte de otros agentes y fueron arrastradas. Según dicen las cogieron por la cabeza y el pelo con las dos manos y las «tiraron» a fuera, teniendo que pasar todavía por un pasillo de agentes, que les dieron más golpes y empujones.

También resaltan que durante las agresiones que sufrían, pudieron ver cómo los agentes daban patadas a las personas que se encontraban sentadas en el suelo.

Una de las víctimas explica que los siguientes días tenía fuertes dolores musculares en todo el cuerpo, sobre todo en la parte superior izquierda de la espalda, y sufrió diferentes secuelas psicológicas, así como un proceso de ansiedad en curso que está siendo tratado a causa de la situación de «pánico, violencia y desprecio hacia su dignidad y moral».

Las querellantes aportan en sus denuncias varios documentos videográficos de las imágenes registradas el día de los hechos y también piden al juez que cite en calidad de testigo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el mando designado por el Ministerio del Interior para coordinar el operativo del 1 de octubre.

Para Alerta Solidaria, es «un nuevo paso en el avance para aclarar los hechos de aquel histórico 1 de octubre así como para averiguar órdenes de mando, jerarquías y confirmar la tesis de la operación de terror llevada por las fuerzas de seguridad de su estado» aunque también quiere tomar «todas las precauciones del mundo en saber de sobra la diferente eficacia y celeridad que se da si se trata de enjuiciar policías o independentistas».

El pasado 1 de febrero, la organización independentista pidió que citara al subinspector de la policía que habría lesionado a la mujer en calidad de investigado. La identificación del agente fue posible gracias a las imágenes grabadas aquel día. La relación de los agentes que actuaron y la correspondencia entre el distintivo que llevaban y el número personal de cada uno, aportada por el cuerpo policial a requerimiento del juzgado, permitió identificar al subinspector.

Después de recibir decenas de denuncias e informes médicos, el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona pidió a la policía española que le enviara un listado con la identidad de los agentes que actuaron en cada uno de los 25 colegios electorales intervenidos de la capital catalana aquel domingo.