El TSJC remite la causa contra el Gobierno al Supremo
También quiere enviar la investigación contra Neus Lloveras (AMI) y Miquel Buch (ACM) para colaborar con la organización del 1-O
El Supremo cita a Boya i Gabriel el 14 de febrero, Rovira y Pascal el día 19 y Mas y Lloveras el 20
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, que investigaba los miembros del Gobierno por los preparativos del 1-O, ha remitido la causa al Tribunal Supremo, a petición del magistrado instructor Pablo Llarena. La causa se abrió el 8 de septiembre a raíz de la querella de la fiscalía por desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación por haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum independentista. De esta manera, ya no queda ningún miembro del ejecutivo de Puigdemont investigado por el TSJC, y todos dependen ahora del Supremo.
Armas, que no llegó a tomar declaración a ningun investigado, fue la magistrada que coordinó el operativo policial contra el 1-O y ordenó el precinto de colegios y el comiso de urnas y papeletas.
La magistrada Maria Eugènia Alegret, que instruía una causa similar contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament por haber permitido la votación de las leyes de desconexión y del referéndum, ya traspasó la causa al Supremo en noviembre.
Por otra parte, otro magistrado del TSJC, en este caso Jordi Seguí, ha enviado también a Llarena una exposición razonada por si el magistrado del Supremo considera que la investigación contra la expresidenta del AMI Neus Lloveras y el expresidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) Miquel Buch por colaborar con el 1-O se puede acumular en las diligencias que ya instruye. La fiscalía se querelló contra ellos en septiembre por desobediencia, al ofrecer la colaboración de sus consistorios asociados para poner a disposición del Gobierno locales municipales que hicieran de colegios electorales.
Según el magistrado, a las 23.31 horas del 6 de septiembre, minutos después de haberse aprobado la ley del referéndum, Lloveras y Buch enviaron un correo electrónico a los alcaldes de Cataluña donde se les indicaba que tenían que proceder a confirmar la disponibilidad de locales de votación, y los facilitaban un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo al referéndum.
A pesar de la suspensión del referéndum por parte del Constitucional, el 10 de septiembre Lloveras envió otro correo a los asociados con un informe elaborado por el colectivo Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local para la Independencia (SITxCAT) sobre el 1-O, que concluía que el derecho internacional ampararía la actuación de los funcionarios que desobedecieran el TC y cumplieran la ley catalana.
El 12 de septiembre, Lloveras y Buch enviaron un tercer correo con el nombre de 'Material de campaña por el Referéndum del 1 de octubre', que contenía el modelo de dos carteles de fomento de la participación y, en el caso del AMI, uno que pedía el voto afirmativo.
El magistrado recuerda que Lloveras, que era diputada en el Parlament en la anterior legislatura, ya no lo es en el actual. Y por todo eso considera que la causa se tendría que unir a la ya instruida por Llarena en el Supremo.