El gobierno español garantizará «el derecho» a escoger la lengua de escolarización
Méndez de Vigo afirma que se respetará la Ley de Educación del Parlament y asegura que están estudiando como hacerlo
El portavoz del gobierno español y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que su ejecutivo está decidido a aprovechar el trámite de la preinscripción escolar –que depende de él en aplicación del 155- para garantizar «el derecho» de los padres a escoger la lengua de escolarización de sus hijos, pero no ha concretado la formula que utilizará ni si será –cómo apuntó este jueves su número dos- mediante la inclusión en el formulario de una casilla para elegir la lengua vehicular de escolarización. «Sin duda lo haremos», ha afirmado antes de negar que esta decisión implique «un cambio en el modelo educativo» en Cataluña, aunque según las asociaciones de padres y buena parte del arco parlamentario catalán implica un ataque frontal al modelo de inmersión. Según el ministro, se trata simplemente de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, el TSJC y el Tribunal Supremo, que apuntó a un porcentaje del 25% de las clases en castellano, y al mismo tiempo cumplir la Ley de Educación de Cataluña. El objetivo, ha dicho, de su gobierno es que este «derecho» de los padres de escolarizar a sus hijos en castellano «no se haga de manera individualizada –como hasta ahora- sino colectiva».
Méndez de Vigo ha evitado las preguntas sobre si el anuncio es un elemento de presión sobre Carles Puigdemont para que renuncie y abra la puerta a la conformación de un nuevo gobierno que asuma ya las competencias en educación y se haga cargo, por lo tanto, del procedimiento de la preinscripción.
Según el ministro, su ejecutivo actúa de forma «coherente» con los recursos que presentó contra las resoluciones de la Generalitat los tres últimos años precisamente porque creía que no garantizaban los derechos de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano.
En este sentido, ha apuntado que en la medida en que el 155 ha dejado las competencias de Ensenyament en sus manos, le corresponde garantizar que la Ley de Educación se aplica de la forma correcta «como síntoma de libertad y de garantías».
No ha aclarado, sin embargo, la formula en que se hará efectivo este «derecho». «Eso es lo que estamos estudiando», ha apuntado antes de recordar que la sentencia del Tribunal Suprem habla de un 25% de clases en castellano como porcentaje «razonable», pero después de hablar también de la posibilidad de que el castellano sea «vehicular».
En todo caso ha afirmado que esta iniciativa no implica «un cambio de modelo» y que se hará desde el cumplimiento estricto de la Ley de Educación, que sí que habla del catalán como lengua «vehicular» en la escuela.
La inciativa, ha afirmado, no implica nada más que «cumplir» con una obligación «sin perjudicar en ningún momento» el modelo educativo de Cataluña y el «funcionamiento normal» de los institutos.
«Estamos estudiando cómo lo haremos, y cualquier especulación sobre cómo lo haremos no tiene sentido», ha llegado a apuntar antes de insistir en que hay margen dentro de la aplicación de la Ley del parlamento para «cumplir correctamente» con estas «obligaciones» con respecto al castellano en las aulas.
«No es un globo sonda»
El ministro ha negado tajantemente que la iniciativa que anunció este jueves su número dos, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, sea «un globo sonda». Fuentes de su equipo apuntan que la resolución sobre las preinscripciones se tendrían que hacer realidad en las próximas semanas.
