El Supremo admite el gobierno español como acusación particular en la causa contra el proceso
La abogacía del Estado había pedido formar parte para entender que ha habido malversación de dinero público
Montoro comunica la intervención total de las finanzas de la Generalitat y le retira la gestión de 4.500 millones
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el Gobierno cesado por el artículo 155 y otros dirigentes políticos y de la sociedad civil independentistas, ha admitido el gobierno español como acusación particular en el procedimiento, según han confirmado fuentes judiciales. En concreto, la abogacía del Estado había pedido formar parte del procedimiento judicial para entender que el Estado ha sido perjudicado por el presunto despilfarro de dinero público. Así pues, el gobierno español, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se suma a la acusación particular del partido Vox y a la que ejerce la Fiscalía contra los dirigentes independentistas.