Amnistía Internacional tilda de «desproporcionada» la violencia del 1-O y critica el encarcelamiento de los Jordis

El informe de Amnistía Internacional (AY) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en el 2017 publicado este jueves recoge hechos como el encarcelamiento preventivo de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la actuación de la policía el uno de octubre o los juicios a tuiteros. La organización destaca en el capítulo sobre España que en el periodo evaluado los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica de manifestantes en apoyo de la independencia han estado «limitados de forma desproporcionada». Cita como ejemplo la prohibición, por parte de tribunales en Madrid o Vitoria, de concentraciones de apoyo al referéndum o que Castelldefels prohibiera cualquier acto relacionado con la cita electoral. Además, el texto constata que los presidentes de laA NC y de Òmnium son desde octubre en prisión preventiva, acusados de delitos de sedición y rebelión «por según el juez oponerse a una operación policial». Sobre el 1-O apunta que «las fuerzas españolas hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la violencia, hiriendo centenares de personas.»

La actuación de la policía española, recoge la organización, incluye «pruebas» del uso de la violencia contra personas que se estaban resistiendo de forma «pacífica» a la aplicación de la resolución que ordenaba detener el referéndum. Además, se menciona en relación a Roger Español que los policías dispararon balas de goma «hiriendo gravemente a una persona y causándole la pérdida de un ojo».

La ONG afirma que docenas de personas han sido investigadas o juzgadas por 'enaltecimiento del terrorismo' o 'humillación de las víctimas' en redes sociales. En «muchos casos», sin embargo, los cargos han estado sobre personas que habían expresado opiniones que no constituían ninguna incitación al crimen sino que, según la organización, «encajaban como formas de expresión de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos». Entre los casos que recopila hay el de la tuitera Cassandra Vera, condenada en marzo a un año de prisión por publicar bromas en Twitter sobre Carrero Blanco. La organización tampoco pasa por alto el caso de los jóvenes de Alsasua (Navarra) e informa de que tres de los siete detenidos en octubre del 2016 por una pelea en un bar con dos guardias civiles fuera de servicio están en prisión preventiva y esperan al juicio, previsto para abril de este año.

Ley 'mordaza'

También se avisa de medidas adoptadas haciendo uso del renombre 'ley mordaza': «Sanciones administrativas siguieron siendo impuestas a activistas de los derechos humanos y a periodistas sobre la base de la Ley de Seguridad Ciudadana». Uno de los ejemplos es el de la periodista de Catalunya Ràdio Mercè Alcocer, que fue sancionada con una multa de 601 euros por «desobedecer una orden policial» cuando intentaba preguntar a Jordi Pujol al salir de la Audiencia Nacional el 20 de febrero. El informe dice también que aunque la periodista argumentó que tenía evidencias gráficas que sustentaban su versión de los hechos, las imágenes no fueron admitidas como prueba.

Impunidad por los crímenes del franquismo

Para Amnistía, las autoridades españolas «siguen fracasando» en la toma de medidas para localizar e identificar los restos de las víctimas de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, «dejando a las familias y las organizaciones haciendo procesos de exhumación sin apoyo estatal».

Además se critica que se sigan cerrando investigaciones sobre crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, como desapariciones y torturas, amparándose en la ley de amnistía y se acuerda de que en febrero del 2017 México se convirtió en el segundo país que investiga crímenes durante la dictadura franquista a raíz del caso de los bebés robados.

Incumplimiento en la reubicación de refugiados

AI también toca la cresta en España por abusos de derechos humanos en las fronteras y lamenta que el gobierno español no haya cumplido con sus compromisos europeos en materia de asilo: «España ha fracasado en su compromiso de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo bajo el esquema de emergencia de la UE». Según datos de la organización, a finales del 2017 sólo 1.328 de los solicitantes habían sido reubicados.

Violación de derechos, también en la Europa occidental

En la introducción del informe se recopila que en varios países de la Europa occidental algunas protestas públicas han chocado con una serie de medidas «restrictivas y abusivas». Critica la reacción de los gobiernos españoles, francés, alemán o polaco a manifestaciones contra políticas restrictivas o el abuso de derechos humanos y menciona el «cierre de espacios públicos, el uso de la fuerza policial, la retención de manifestantes pacíficos, la vigilancia o las amenazas de sanciones administrativas o legales». «Leyes vagas que penalizan la apología del terrorismo se han utilizado contra activistas y grupos de la sociedad civil por opiniones expresadas a Internet o a las redes sociales, incluyendo España, Francia y el Reino Unido», asegura el informe.

En total, la evaluación de AI analiza hasta 159 países y es una de las revisiones anuales más completas sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.