JxCat registra sin ERC la propuesta de resolución de restitución de las instituciones y de rechazo del 155

JxCat ha presentado este viernes por la mañana en el registro del Parlament su propuesta de resolución que pide la restitución del Gobierno y de las instituciones y que pondría la legitimación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en el centro del debate. El texto habla de la recuperación del ejecutivo, del rechazo a la represión y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y reclama que se ponga fin a sus efectos. El grupo ha decidido hacerlo en solitario, sin la firma de ERC, como ya pasó con la petición de reforma de la ley de Presidencia. JxCat pretende, con eso, que la propuesta de resolución forme parte del orden del día del pleno que el presidente del Parlament, Roger Torrent, previsiblemente convocará este viernes para la próxima semana, a petición de Cs. El registro en solitario de la propuesta de resolución llega después de que el jueves JxCat y ERC se estancaran a las negociaciones por la distribución de atribuciones a la cúpula del nuevo Gobierno. Aunque desde el punto muerto de la tarde hasta este viernes por la mañana se ha seguido hablando, las negociaciones no se acaban de desencallar.

El texto registrado por JxCat denuncia «la destitución ilegal e ilegítima del presidente de la Generalitat y su Gobierno mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución», y proclama «su voluntad y el compromiso de restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat». Además, constata que Carles Puigdemont fue escogido el 10 de enero de 2016, ratificado en la cuestión de confianza del 29 de septiembre de 2016, y que «ha sido avalado, a raíz del resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 (que configuraron una mayoría independentista en la cámara), para ser el candidato del Parlament a la presidencia de la Generalitat en esta legislatura».

Además, se comenta que Puigdemont «sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente, surgida de las urnas y revalidada el 21 de diciembre, para poder ratificarle la confianza como presidente.» Es por eso que la propuesta de resolución quiere que «el pleno disponga de la mayoría parlamentaria con el fin de ratificar la confianza a Carles Puigdemont como President de la Generalitat, y exige que cesen las injerencias del gobierno del Estado delante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que pretenden impedir la materialización de esta voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña».

Más allá de esta fórmula para el reconocimiento de Puigdemont, la propuesta de resolución manifiesta que el Parlament «representa el pueblo de Cataluña y es la expresión de su voluntad», y subraya que sus diputados «disfrutan de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad parlamentarias las cuales, según el Tribunal Constitucional, tienen que garantizar, respectivamente, la libre formación de la voluntad de la cámara y que no se altere la composición que le ha dado voluntad popular».

De la misma manera, se pone de manifiesto el «rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española» así como sus efectos sobre las instituciones catalanas, «que ha vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes, restringido las facultades de autogobierno de sus instituciones legítimas y cesado sus representantes escogidos democráticamente». Además, el texto exige «poner fin a la aplicación del 155 de manera inmediata».

La propuesta de que presenta JxCat critica igualmente la actitud del Estado y denuncia también «la deriva autoritaria del Estado español que se hace evidente en actuaciones impropias en el seno de los poderes ejecutivo y judicial, como ahora, en el hecho de que el ministro de Justicia manifieste con total seguridad el futuro procesal de los investigados y, más concretamente de los diputados, y anticipe las fechas y los contenidos de las resoluciones judiciales en una vulneración flagrante de la separación de poderes». También carga contra las «presiones e injerencias del ejecutivo español en el Tribunal Constitucional en pleno proceso de deliberación sobre la admisión a trámite de un recurso interpuesto por el mismo gobierno español contra la resolución del presidente del Parlament».