La Fiscalía pide libertad con fianza de 50.000 euros para Trapero
Después de poco más de dos horas de declaración ante la jueza Lamela
La Fiscalía ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que decrete la libertad con una fianza de 50.000 euros al Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Ha adoptado la decisión después de escuchar durante poco más de dos horas la declaración del exjefe de los Mossos, que ha desgranado su papel durante el 1-O. La jueza Lamela tendrá que determinar ahora si le impone esta medida y, en caso que sea así, el periodo que establece para que el Mayor pueda depositar la fianza. De momento, Trapero sigue en las instalaciones de la Audiencia Nacional a la espera de que la jueza le comunique la decisión en un posible auto.
Trapero ha declarado desde las 9 de la mañana hasta pasadas las once en el marco de la investigación de la jueza Lamela sobre el papel de los Mossos durante las jornadas del 20 y 21 de septiembre y el 1-O.
Previamente había llegado a las 08.30 vestido de paisano y acompañado de su abogada, Olga Tubau, en su tercera visita al despacho de la jueza Lamela para responder a las investigaciones por sedición.
La Fiscalía ya había avanzado que a priori no tenía intención de pedir prisión para el máximo responsable de la policía catalana, aunque esperaba a la declaración para decidir su petición final.
Este miércoles ya pidió que se declare la causa compleja para poder alargar la instrucción hasta los 18 meses y que se impute también el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario de Interior, César Puig.
La jueza Lamela, por su parte, atribuye a Trapero un segundo delito de sedición fruto de la declaración que hizo el responsable del dispositivo policial para impedir el referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que lo acusó de connivencia con los organizadora del referéndum.
En su escrito de citación, la jueza Lamela sostiene que la cúpula de los Mossos D'Esquadra «obstruyó cualquier actuación que bloqueara el plan estratégico hacia la independencia» y, según añade, «se diseñó un plan premeditado» entre Trapero como máximo responsable de la policía catalana y los «miembros del comité estratégico». Según la jueza, la actitud de los Mossos entre el 20 de septiembre y el 1-O fue de «total inactividad» y «enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad».
La jueza señala que tanto el fiscal jefe de Cataluña como el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos pusieron de manifiesto en el mayor de los Mossos que el plan de actuación elaborado de forma previa no era adecuado y que Trapero se había comprometido a modificarlo con las recomendaciones que se le hicieron. «No obstante, nunca se llegó a hacer ninguna modificación, dirigiendo su actuación conforme al Plan originario», afirma Lamela.