650 juristas denuncian al Consejo de Europa la vulneración de derechos humanos en Cataluña a raíz del 1-O

El Colectivo Praga, la iniciativa impulsada por profesores de derecho de las universidades catalanas, ha presentado una denuncia al Consejo de Europa por|para la vulneración de derechos humanos en Cataluña por parte del estado español a raíz del referéndum del 1-O. El informe -de 50 páginas- está suscrito por 650 juristas de toda España y se ha enviado el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. El texto del Colectivo Praga recopila todas las trabas, restricciones y vulneraciones que el gobierno de Mariano Rajoy ha aplicado a instituciones y ciudadanos de Cataluña que contravendrían «el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del año 1950». La entidad recuerda la «judicialización extrema» del conflicto catalán, la represión policial con 1.066 heridos el 1-U o la suspensión de la autonomía vía 155. Según el Colectivo Praga «hay bastantes indicios para que el Comisario de Derechos Humanos pueda iniciar una investigación independiente y completa de vulneración de derechos».

De hecho, se considera que en Cataluña se han violado hasta 9 derechos como serían el de libre expresión y de reunión; el de prohibición de trato degradante; el derecho de sufragio, de ser elegido y de no ser discriminado por opiniones políticas; el derecho a la libertad; el derecho a un juez imparcial y a un tribunal establecido en ley; el principio de legalidad penal; el derecho a un proceso con todas las garantías; el derecho a la doble instancia en el ámbito penal; y el derecho a la preparación de defensa. Al fin y al cabo contemplado por el mismo Consejo de Europa de Derechos Humanos (CEDH). «En lugar del diálogo como instrumento de solución del conflicto, el estado español ha preferido la vía de la judicialización y la represión, con serias vulneraciones de derechos y libertades; ha imputado inexistentes delitos de rebelión y sedición a los dirigentes de las dos organizaciones impulsoras de este proceso pacífico y democrático, y al presidente, vicepresidente y consellers del gobierno de la Generalitat», ha recordado al Colectivo Praga en el informe.

«Un hecho que ha llevado a la prisión preventiva unos y ha obligado a permanecer en el exilio los otros, y ha disuelto 'de facto' la autonomía de Cataluña mediante la activación inconstitucional del artículo 155», puntualizado el informe firmado por los 650 juristas, que también exigen la prohibición «de tratos degradantes» y reclaman el absoluto cumplimiento del principio de legalidad penal. Según la entidad, la imputación por los delitos de rebelión, sedición y malversación «no es sostenible en vista del estilo literal de la ley penal y de la consolidada jurisprudencia sobre estos delitos» ya que no se cumple ni el estándar de previsibilidad ni de interpretación estricta en materia penal. El mismo Consejo de Europa, un organismo de carácter consultivo, ya pidió el pasado 9 de octubre al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que investigara la actuación policial del 1-O. Nils Muiznieks sostuvo que la fuerza utilizada por los agentes fue «desproporcionada» y «innecesaria».