Los mandos de los Mossos sostienen que no hubo violencia pero sí riesgo para la seguridad

Los mandos de los Mossos que han declarado este martes como testigos delante al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena han asegurado que los días 20 y 21 de septiembre, durante las concentraciones delante de la conselleria de Economía en protesta por la operación de la Guardia Civil, no hubo violencia, como sostiene la Fiscalía para justificar los cargos de rebelión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a pesar de que sí riesgo de problemas de seguridad fruto de la presencia de 40.000 personas en la calle. La primera al declarar ha sido la cabeza|cabo|jefe de la comisaría general de información de los Mossos, Manuel Castellví, que –como|cómo hicieron al Mayor Josep Lluís Trapero y ayer el comandante en jefe de los Mossos, Ferran López- ha insistido en decir que el coronel de la Guardia Civil encargado del dispositivo del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, estaba al corriente del tipo de despliegue que hicieron los Mossos. Castellví ha vuelto a decir –como han hecho también Trapero y López- que en las reuniones previas al 1-O la cúpula de los Mossos advirtió al Gobierno del riesgo de problemas de seguridad que podía suponer mantener la convocatoria del referéndum con la advertencia de actuación anunciada por el gobierno español, a pesar de eso el Gobierno decidió celebrar el 1-O.

Los tres han comparecido a petición de las defensas del conseller del Interior destituido, Joaquim Forn, del número dos de la lista de Junts pel Si, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Forn había pedido la comparecencia de Castellví para desmontar el testimonio de De los Cobos, que aseguró que se había sentido engañado por los Mossos, a quien culpó del resultado de la jornada y del hecho de que el despliegue policial no permitiera detener el referéndum.

Los otros dos mandos lo han hecho a petición de Sànchez y Cuixart. Son los agentes que actuaron como mediadores durante la operación de la Guardia Civil en la conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre. Según han apuntado, no hubo violencia y ante el riesgo para la seguridad de la comitiva buscaron una salida alternativa. También han apuntado que fue la prensa quien destrozó los coches de la Guardia Civil.

Según la acusación popular de VOX, Castellví ha asegurado que en sus reuniones con Puigdemont, Junqueras y Forn, la cúpula de los Mossos advirtió de la posibilidad de alteraciones del orden público y se vió «frustrado» al ver que los líderes del Gobierno no atendían a estas advertencias.

Según VOX, Castellví también ha «reconocido» que los Mossos intentaron incinerar documentos y que no se cumplió la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de cerrar los centros de votación.

La acusación popular también ha afirmado que los otros dos agentes han admitido que no era «seguro» ser en las puertas de la conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre durante la operación de la Guardia Civil, y que la intendente de Trapero, Teresa Laplana, los comunicó que no enviaría más agentes.