El gobierno español amenaza con mantener el 155 si la mayoría del Parlament intenta investir a Sànchez

Dos ministros del gobierno español han advertido este miércoles que su ejecutivo podría mantener activado el 155 si las fuerzas que ostentan la mayoría en el Parlament de Catalunya intentan investir el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, que se encuentra en la prisión desde hace 134 días. Preguntado por esta posible investidura de Sànchez en la COPE, el portavoz del ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que si no hay un gobierno de la Generalitat legalmente constituido el 155 continuaría, y para que se entienda que está legalmente constituido hace falta que esté «con capacidad y plenitud de su ejercicio» cosa que –según Méndez de Vigo- no se cumpliría si se intenta investir «a un señor que en estos momentos está a disposición de la autoridad judicial». También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha expresado en esta dirección, porque «nadie puede hacer su trabajo si está privado de libertad y a prisión» y el artículo 155 se aplicará «hasta que haya un gobierno que empiece a ejercer sus funciones constitucionales y estatutarias». «Cuando haya un gobierno que ejerza sus funciones con normalidad, lo lógico es que el 155 deje de aplicarse». Catalá ha apuntado que su ejecutivo estará «muy pendiente» del pleno de mañana donde se tiene que restituir la figura de Puigdemont, pero ha asegurado que no vería impugnable una declaración «política» que no tuviera efectos sobre terceras personas. Catalá ha apuntado también que es partidario de obligar a retirar los lazos amarillos de las sedes de la administración catalana porque a su entender no representan lo que piensa a la mayoría de los catalanes.

Según Méndez de Vigo, intentar investir a Sànchez «no tiene ningún sentido» y «es una mala idea» porque «un presidente tiene que gobernar y tiene que estar con la plena capacidad de su tiempo y de su disponibilidad para hacerlo», y «una persona que está investigada por delitos muy graves no tiene la capacidad de otra y es muy difícil que pueda actuar como presidente de una Comunidad Autónoma, entre otras cosas porque dependerá en cada momento de sí el juez lo autoriza o no a ejercer estas funciones».

En una entrevista en RNE el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha alertado de que el candidato a la investidura «tiene que tener la posibilidad jurídica y material de ejercer estas funciones» y «una persona que esté en la prisión me parece que su panorama no es lo mejor para ir los lunes por la mañana a las 8.30 a su despacho». Preguntado por si cree que Sànchez podría salir de la prisión para ser investido, Catalá ha recordado que a sus autos el juez Llarena ya ha marcado criterio contrario a este sentido. «Por lo que hemos leído hasta ahora parece que ve motivos para mantenerlos en la prisión».

«Muy pendientes» del pleno de mañana

Con respecto a la posible restitución de la figura de Puigdemont al pleno del Parlament de Catalunya que tiene que tener lugar este jueves, Catalá ha advertido que su ejecutivo estará «muy pendiente» a las actuaciones de la cabra catalana. «Lamentablemente nos hemos empezado a acostumbrar que a cada sesión del Parlament de Catalunya hay que estar muy pendiente del orden del día», porque «cada orden del día parece que lleva algún tema que pretende encontrar algún resquici para no aplicar las leyes» y por lo tanto «estamos muy atentos a estos órdenes del día».

En este sentido ha afirmado que el Parlament de Catalunya «se dedica a lo que no toca» porque «un parlamento no está para restituir la legitimidad de nadie» sino «para aprobar leyes», y «por lo tanto estamos atentos» y «si hacen lo que tienen que hacer nadie impugnará nada», pero si no «por descontado nuestra obligación es recorrer delante a quien corresponda».

No impugnaría una declaración «política»

En todo caso, Catalá ha advertido que hace falta diferenciar entre lo que es «una declaración política» de restitución de Puigdemont o un acto que «tiene consecuencias hacia terceros», que está «donde podría surgir la posibilidad de una impugnación». «Si el Parlament sale con una declaración de boveda sobre los derechos podemos estar más o menos de acuerdo, pero como no pasa de aquí no tiene sentido llevarlo ante un tribunal».

Con respecto al discurso de Roger Torrent del pasado viernes delante de la cúpula judicial, Catalá ha afirmado que no se levantó porque tenía que mantener la posición institucional» aunque le dijo que se equivocaba.

Partidario de obligar a retirar lazos amarillos de los edificios públicos

Catalá también ha afirmado que es partidario de obligar a retirar los lazos amarillos de edificios públicos porque, a su entender, no todos los catalanes están de acuerdo con lo que simbolizan estos símbolos. «En mi opinión sí [que es partidario de obligar a retirarlos]. No sé cuál es el procedimiento, si es administrativa, pero estoy convencido de que en las sedes administrativas no tiene que haber símbolos identitarios».