Campdepadrós responde a la Fiscalía: «No permitiremos que por pensar diferente se viva bajo amenaza»

El vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós (ambos de JxCat) han respondido la Fiscalía, después de que se anunciara que estudia acciones legales contra los miembros del órgano parlamentario por las enmiendas de la CUP. En un mensaje en Twitter, Campdepadrós ha subrayado, este jueves por la mañana: «No permitiremos que se criminalicen ideas, no permitiremos que para pensar diferente se viva bajo amenaza, no permitiremos vivir en un país con miedo a hablar libremente». El miércoles por la noche Costa se dirigió en castellano al Fiscal General para decirle: «Como Usted sabe perfectamente, los parlamentos no pueden delinquir. Ponga las querellas que estime conveniente. Sabemos como defendernos», añade el vicepresidente primero, que en el tuit adjunta una imagen del libro Inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadoras , de Julián Sánchez Melgar.

La Fiscalía se sumó el miércoles a las advertencias del gobierno español y anunció que «está estudiando las posibles implicaciones penales» de la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite las enmiendas de la CUP en la resolución de JxCat que piden restablecer la República Catalana aplicando la proclamación de independencia, y que ya han sido admitidas a trámite pero que se tienen que someter hoy a las 9h a una reconsideración fruto de las peticiones de Cs y PSC. La Fiscalía considera que la admisión a trámite de las enmiendas que ha tenido lugar este miércoles ya pone de manifiesto «conductas de una ilegalidad manifiesta que no puede ser desconocida por los que la promueven o le dan apoyo».

Según la Fiscalía, «dada la extrema gravedad de esta iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional, se están estudiando las posibles implicaciones legales». La Fiscalía también insiste en que «seguirá promoviendo las acciones legales que sean procedentes para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que se pueda incurrir».