Llarena no deja libre Sànchez porque el pacto de ERC y JxCAT «no rechaza impulsar la república con efectividad»

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena argumenta en una resolución de 26 páginas por las que deniega el permiso y la libertad a Jordi Sànchez y hace referencia al acuerdo de investidura conseguido el jueves por JxCAT y ERC. Según afirma, el pacto «no rechaza impulsar la efectividad de la república secesionista». Eso, sumado al hecho que –según Llarena- se ha negado a reconocer la autoridad judicial del Estado y que ha seguido haciendo proclamas al electorado desde la prisión hace que no se fíe del compromiso de Sànchez de seguir las vías legales. «Su compromiso es impreciso, arriesgado e incierto», recoge la resolución. Llarena también apunta que Sànchez no era el candidato cuando se presentó a las elecciones y que en la lista de JxCAT hay otras personas que no están investigadas y que han recibido «los mismos apoyos» que él.

El juez Llarena ha tomado la decisión antes de recibir los escritos de todas las partes. Les había dado cinco días a fin de que posicionaran (sólo lo ha hecho la Fiscalía) pero ha decidido no agotar el plazo, que se acababa justo el lunes, el día del pleno.

El instructor basa su decisión en el «riesgo de reiteración delictiva» por el hecho de que los delitos que está investigando se cometieron –dice- mediante actuaciones «legislativas y ejecutivas claramente ilegales» en que «desatendieron de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales».

Además, añade elementos de actualidad política, como el acuerdo de legislatura al que llegaron el jueves JxCAT y ERC. Este pacto incluye detalles del proceso constituyente que se culminaría con la redacción de un documento, sin especificar si se trataría de un proyecto de Constitución de la República.

Este detrás paso es uno de los argumentos que señala Llarena para negarse a excarcelar a Sànchez. Según el juez, este pacto «no rechaza impulsar la efectividad de la república secesionista». Otros argumentos para oponerse a su libertad es que, según el juez, Sànchez no reconoce la autoridad judicial del Estado y que ha seguido haciendo proclamas desde la prisión.

El magistrado hace suyos los argumentos de la Fiscalía con respecto a una posible reiteración delictiva fruto del acuerdo entre JxCAT y ERC, y sostiene que no se han desvanecido los elementos que permiten sospechar que Sànchez «persevere» en una estrategia contraria a la «norma penal».

En este sentido, afirma que la integración de Sànchez a la lista de Juntos por Cataluña, «que se ha opuesto expresa y permanentemente a abordar cualquier gestión política que no sea implementar la república que declararon», pone en evidencia este riesgo.

En más, apunta que aunque Sànchez y el resto de los investigados nunca hubieran buscado un «desafío violento», como sostienen las defensas, a partir del 20 de septiembre, cuando se produjeron las concentraciones delante de la conselleria de Economía, ya podrían prever «que las movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace».

Argumentos para denegar el permiso

Con respecto al permiso para ir al pleno, Llarena dice que cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa. Sin embargo, pone de relieve su papel es el de velar para que –a pesar de su derecho- eso «no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección».

Además, argumenta que el traslado de Sànchez no sería seguro y menos para alguien –según Llarena- que «ha usado su liderazgo al desbordar y sobrepasar la fuerza que un estado democrático puede aplicar para el observància de la ley».

Añade también que el delito por lo que está aprisionado se produjo en sede parlamentaria y «desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales».