Llegan a la Audiencia Nacional los exdirigentes de Interior Cèsar Puig y Pere Soler, investigados por el 1-O

El exdirector de los Mossos D'Esquadra Pere Soler y el exsecretario general de Interior Cèsar Puig ya están en la Audiencia Nacional, donde este viernes declaran en calidad de investigados por dos delitos de sedición. La magistrada Carmen Lamela quiere conocer su implicación en los operativos policiales durante los registros en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre y también el día el referéndum. Puig fue mano derecha del conseller destituido Joaquim Forn, encarcelado en Estremera desde el 2 de noviembre. Su investigación se suma a la causa que Lamela ya tiene abierta por sedición contra el exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, y la intendente del cuerpo Teresa Laplana. La magistrada de la Audiencia Nacional actúa a instancias de la Fiscalía, que considera que los dos tuvieron un papel «decisivo» a la hora de hacer realidad el referéndum. Aparte de los dos delitos de sedición, Lamela apunta ahora un posible delito de organización criminal.

El primero en llegar ha sido Cèsar Puig acompañado de su abogado Jaume Alonso-Cuevillas cuando pasaban cinco minutos de las ocho y media. Diez minutos más tarde, ha entrado en la Audiencia el exdirector de los Mossos, Pere Soler. En los dos fueron destituidos por la aplicación del 155. Tendrán que declarar ante de la magistrada Carmen Lamela, que también investiga el exjefe de los Mossos y la intendente Teresa Laplana por dos delitos de sedición.

Ahora, con la imputación de Soler y Puig, ya son cuatro los investigados en esta causa. Trapero ya ha declarado en dos ocasiones ante la Audiencia Nacional y ha salido en libertad con medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salir del Estado y comparecencias periódicas en el juzgado).

La última declaración de Trapero en la Audiencia fue en febrero por los hechos del 1-O y la Fiscalía solicitaba para él prisión provisional bajo fianza de 50.000 euros. La magistrada, sin embargo, desatendió la petición. En aquella declaración, relató que había mantenido dos reuniones con Puigdemont y Forn antes del referéndum y que ya advirtió que los Mossos no acompañarían el proceso independentista aduciendo la neutralidad del cuerpo.

Nuevas imputaciones a instancias de la Fiscalía

Ha sido la Fiscalía la que ha pedido a Lamela que los investigue considerando que formaban parte de una organización para llevar a cabo el referéndum. Según el fiscal, tanto el exdirector de los Mossos como el mayor Trapero «se vieron con la obligación de transmitir la sensación» que acatarían las órdenes de impedir el referéndum «cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo».

Por el contrario, según el fiscal, «su colaboración [de los Mossos] con la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en una acción a favor de su consumación».

En esta línea, recogía una serie de ejemplos de la supuesta inacción de los agentes y de «la actitud pasiva» de los agentes a pesar de la «resistencia activa» de los votantes del 1-O y de las personas que protegían los centros de votación. En este relato, el fiscal destacaba las supuestas lesiones que sufrieron los agentes de la policía española a cada uno de los puntos que intervinieron.

«Colaboración real y efectiva»

La magistrada tiene que determinar si, como dice al fiscal, no sólo hubo «inacción», sino también actos de «colaboración real y efectiva» de los Mossos durante la celebración del referéndum. Según la Fiscalía, estos hechos «sólo pueden ser consecuencia de una actuación policial coordinada y sujeta a las previas instrucciones de los jefes de los Mossos D'Esquadra y de los responsables de la Conselleria de Interior de la Generalitat».