La Fiscalía pide que Sànchez continúe en la prisión

La Fiscalía se opone a dejar en libertad al candidato a la investidura y número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, y ha solicitado en la sala de apelaciones que mantenga la prisión provisional. El ministerio público considera que persiste el riesgo de reiteración delictiva y que tiene que continuar entre rejas. Por lo tanto, el cambio de criterio que se ha producido en el caso del conseller destituido Joaquim Forn –para quién la Fiscalía pide libertad bajo fianza de 100.000 euros- no es aplicable al caso de Sànchez. La acusación popular (ejercida por VOX) también pide que continúe en la prisión. Después del posicionamiento de la Fiscalía, hace falta que los tres magistrados de la sala de apelaciones tomen una decisión. El ponente del auto es el magistrado Francisco Monterde, el mismo que la defensa de Sànchez intentó recusar sin éxito.

La vista en la sala de apelaciones para revisar un recurso presentado por la defensa de Sànchez ha durado una hora y media. Durante la sesión, se estudia un recurso contra una decisión del juez instructor Pablo Llarena, que el pasado 6 de febrero decidió que Sànchez tenía que continuar en la prisión. El mismo Llarena, también le negó la libertad anteriormente, en un auto de 4 de diciembre.

Sin cambios de criterio en la Fiscalía

La Fiscalía considera que no se dan las condiciones para dejar en libertad provisional a Sànchez y argumenta que persiste el riesgo de reiteración delictiva. Sànchez es candidato a la investidura, aunque todavía no está fijada la fecha del pleno después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara la sesión convocada para el 12 de marzo.

En el caso de Sànchez, pues, no se ha producido el cambio de criterio del ministerio público que sí se ha visto en el caso del conseller destituido Joaquim Forn. En este caso, el fiscal del Supremo, Fidel Cadena, ha solicitado libertad bajo fianza de 100.000 euros, a pesar de reconocer que lo hacía por «imperativo legal» y siguiendo órdenes del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Meglar.

Durante la vista, su letrado, Jordi Pina, también ha pedido en la sala que se pronuncié sobre otro recurso posterior a que los magistrados tiene pendiente y que hace referencia al permiso para poder asistir al pleno de investidura.

La misma sala de apelaciones ya avaló la semana pasada la decisión del juez instructor, Pablo Llarena, que en enero denegó los permisos a Oriol Junqueras y Jordi Sànchez para ir a los plenos del Parlament. En aquel momento, hicieron la petición de manera genérica pero con la vista puesta en el pleno convocado para el 30 de enero para investir Puigdemont (que después se aplazó).

El juez los denegó salir, declaró su «incapacidad legal» para ir a las sesiones y dejó en manos de la Mesa la fórmula cómo tenían que delegar el voto. Sus defensas presentaron recurso a la sala, que resolvió en la misma línea que Llarena.