Llarena comunicará el viernes a todos los investigados por qué delitos se los procesará
El Supremo abre la puerta a eventuales suspensiones de cargos públicos antes del juicio
El Supremo no decidirá este martes sobre los recursos de Sànchez y Forn para salir en libertad
El juez instructor del Tribunal Supremo que investiga la causa abierta contra 27 miembros del Gobierno, la Mesa del Parlament y los 'Jordis' ha citado todas las partes para notificarles el auto de procesamiento. Eso quiere decir, pues, que el viernes ya los procesa y les comunica por qué delitos los llevará a juicio. Será el momento de saber si mantiene el delito de rebelión por el cual abrió la causa. Llarena da este paso cuando ya tiene prácticamente acabada la instrucción, aunque el juez puede continuar todavía recogiendo pruebas. De hecho, esta misma semana ha encargado nuevas diligencias a la Guardia Civil y ha abierto una pieza separada secreta (durante un mes). Sin embargo, es un paso que acerca el momento de abrir juicio oral. Estos autos de procesamiento se podrán recurrir delante de la sala de apelaciones. Una vez sean firmes, los investigados que están en prisión preventiva podrían quedar suspendidos de su cargo público mientras dure la situación de prisión. Por lo tanto, se les apartaría de sus responsabilidades antes del juicio.
La citación de Llarena para decretar la apertura del procesamiento llega al día siguiente que la defensa de Jordi Sànchez comunicara en la Sala Segunda del Tribunal Supremo la decisión del número dos de la lista de Juntos por Cataluña (JxCAT) Jordi Sànchez, de no continuar a la vida política. Una renuncia que acerca una posible investidura de Jordi Turull, también investigado en esta causa y que ahora pudría voz entorpecida su elección por|para la decisión del magistrado.
El viernes Llarena comunicará a todas las partes cuáles de los 27 investigados van a juicio, por qué delitos y con qué argumentos. El mismo día asistirán al Supremo el propio Turull y cinco investigados más (Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira) para revisar las medidas cautelares, es decir, para que Llarena decida, entre otros, si entran en la prisión provisional a la espera del juicio.
El magistrado, que ha declarado compleja la causa, ya ha dicho en autos anteriores que tenía casi terminada la instrucción, y una prisión para Turull podría implicar –además de la imposibilidad de asistir a la sesión de investidura, como|cómo se ha visto con Sànchez- su suspensión para cargo público desde el momento que el auto de procesamiento sea firme, es decir, una vez se resuelvan los posibles recursos de las defensas.
El artículo 384 BIS de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que es el que recoge esta posible suspensión para cargo público, establece que una vez sea firme el auto de procesamiento y decretado la prisión provisional por|para un delito cometido por una persona «integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando una función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio mientras dure la situación de prisión».