La Fiscalía pide una orden internacional de detención para Rovira
El ministerio público da el paso el mismo día que el juez del Supremo notifica los autos de procesamiento
La Fiscalía ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que reactive las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comin, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. También hace la misma petición para la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que hasta ahora sólo tenía vigente una orden a nivel estatal. También solicita para Marta Rovira una orden internacional de detención y su entrada en la prisión. Rovira no ha comparecido esta mañana en el Supremo (donde se podía enfrentar a la entrada en la prisión) y se ha marchado al extranjero, siguiendo el camino abierto por Puigdemont. La decisión llega justo el día que el juez ha procesado 25 de los 28 investigados, trece de ellos por rebelión. Después de la solicitud del ministerio público, ahora es el juez Llarena quien tiene que tramitar la petición y hacerla llegar a las autoridades pertinentes. Fue el mismo juez Llarena quien desactivó las órdenes de detención el pasado diciembre.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Llarena que vuelva a solicitar la detención y entrega de los procesados que están fuera del Estado. De esta manera, quiere que se les detenga en los países donde actualmente residen (Bélgica y Suiza) con el fin de entregarlos a las autoridades españolas para comparecer ante el juez.
El 5 de diciembre, y una vez ya había asumido la causa, Pablo Llarena desactivó las órdenes europeas dictadas por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Lo hizo ante el riesgo de que la justicia belga entregara los investigados por delitos menores que afrontan los que no se han marchado y están compareciendo en el Supremo. En aquel momento, dejó vigente sólo una orden a nivel español contra todos ellos. La Fiscalía, sin embargo, avisó hace pocas semanas de que pediría al juez reactivar las órdenes de detención en el momento que se dictara el auto de procesamiento (que indica por|para qué delitos van a juicio). El ministerio público, pues, no ha dejado pasar ni un día y ya ha formalizado esta petición ante el Tribunal Supremo. Ahora será Llarena quien tendrá que acabar de tramitar la solicitud.