Llarena envía a la prisión Turull, Romeva, Rull, Forcadell y Bassa

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado prisión incondicional para Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell por riesgo de reiteración delictiva y por riesgo de huida. Los cinco han comparecido este viernes en el tribunal después de que el juez los citara para revisar su situación personal. Tanto la Fiscalía como VOX (acusación popular) habían solicitado que todos entraran en la prisión y el juez ha seguido el mismo criterio. El juez también había citado a Marta Rovira, que no ha comparecido y ha anunciado a través de una carta que opta por marcharse al extranjero.

Finalmente, y después de un remanso, ha comunicado la decisión en las partes esta tarde. El magistrado se ha alineado con la Fiscalía y VOX y ha decidido que se dan elementos suficiente para decretar su entrada en la prisión.

Este mismo viernes, Llarena los ha procesado por rebelión y malversación (menos Forcadell, que sólo por rebelión). Con la decisión del juez instructor, ya son nueve los encarcelados por la causa del proceso. Aparte de los encarcelados, hay que sumar los que están en el extranjero: Carles Puigdemont, Antoni Comin, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Anna Gabriel y ahora también Marta Rovira. No obstante, en el auto de prisión, Llarena no se pronuncia sobre la petición de VOX y la fiscalía de reactivar las odres internacionales de detención contra los fugados. El encarcelamiento de Jordi Turull -candidato a la presidencia- complica la segunda sesión del pleno de investidura prevista para el sábado.

Indicios «racionales y firmes»

El juez considera que, una vez tiene prácticamente terminada la instrucción, hay un «riesgo grave» de huida y de reiteración delictiva ya que se enfrentan a un juicio por rebelión. Un delito que puede llegar a los 30 años de prisión.

Llarena ha comunicado este mismo viernes el auto donde procesa 25 de los 28 investigados (13 por rebelión). A partir de este nuevo momento procesal, el juez cree que aquello que al principio de la investigación «eran sospechas» ahora ya son «indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos». Cree también que queda acreditada la participación de los procesados en todos ellos y desconfía de sus declaraciones. «No se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el con respecto a las decisiones del instructor sea permanente», ha manifestado.

Según el auto de Llarena, los cinco procesados han expresado que su comparecencia significa que no quieren huir y que su situación personal no puede depender de la fuga de otros encausados. El magistrado se muestra de acuerdo con esta postura, pero dice que no puede saber la voluntad futura de los encausados. Por eso, se guía por el hecho de que las sospechas ya son sólidos indicios de delito, según él, y que la imputación «no es precipitada» y apunta hacia una «excepcional relevancia penal» y una pena «de incuestionable rigor».

Eso lleva a verse incrementado el riesgo de fuga, dice Llarena, riesgo que aumenta por dos factores más, según él. El primero es que los procesados han mostrado una «clara insurrección a las decisiones judiciales» durante el proceso soberanista de los últimos años. según los procesados, tenían legitimación para desobedecer los tribunales y este viernes han reiterado al juez que no han cometido ningún delito. «No se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el con respecto a las decisiones de este instructor sea permanente, ni por su consideración general en el papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos», concluye. De hecho, dice que el acatamiento a la decisión del tribunal se producirá «mientras su voluntad no cambie», dice Llarena, recordando que Rovira compareció en febrero y hoy se ha marchado del país. Además, dice que la pérdida de la fianza depositada «no supondría un gravamen por|para su propio patrimonio, ya que procede de una solidaridad colectiva».

Como segundo factor que incrementa el riesgo de fuga, Llarena dice que las motivaciones que los llevaron a cometer los delitos investigados «son compartidas por un amplio colectivo que se solidariza con su causa», y este colectivo «cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como una carcasa internacional desarrollado los últimos años por la defensa de sus planteamientos y, por lo tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz».

Sobre el riesgo de reiteración delictiva, dice que aunque Bassa y Forcadell han renunciado a sus escaños, «todos los procesados han compartido la determinación de conseguir la independencia». Así, considera que la renuncia no elimina la posibilidad de perseguir el objetivo sin respetar las normas penales ni suban colaborar con la causa desde «colaboraciones muy diversas y diferentes a la actividad parlamentaria». De hecho, recuerda que otros investigados no son diputados, como los del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Llarena también recuerda que el Llibre Blanc de la transició nacional ya preveía reintentar el objetivo una vez recuperadas las instituciones autonómicas. Para el magistrado, algunos investigados no han abandonado la intención de «devolver al anormal funcionamiento de las instituciones». De hecho, recuerda que Forcadell colaboró con el proceso desde fuera de la cámara catalana cuando era presidenta de l'ANC. «La medida cautelar garantiza el acertado retorno del autogobierno», concluye.

Por último, asegura que la limitación del derecho político como diputados de Rull y Romeva, así como de ser elegido presidente Jordi Turull, es razonable teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la preservación de otros derechos.

Vuelven a la prisión

Todos ellos ya habían pasado por la prisión (en el caso de Forcadell sólo una noche). De hecho, todos vuelven a las prisiones que ya conocen: los hombres en Estremera y las mujeres en Alcalà-Meco. Los consellers destituidos Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull ingresaron en la prisión el 2 de noviembre por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela. Posteriormente, cuando la causa pasó a manos del Supremo, el juez instructor a Pablo Llarena los citó a declarar (4 de diciembre) y decretó libertad bajo fianza de 100.000 euros para todos cuatro (y mantuvo encarcelados a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los 'Jordis').

Aparte de los consellers destituidos, la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, también pasó la noche del 9 de noviembre en la prisión de Alcalá-Meco mientras reunía el dinero de la fianza impuesta, en este caso, por el mismo juez Llarena (150.000 euros).

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fue la última al declarar en el Supremo. Lo hizo el 19 de febrero y el juez le impuso una fianza de 60.000 euros y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Este viernes, sin embargo, ha decidido no comparecer y ha comunicado a través de una carta que se marchaba al extranjero.

Complicaciones del pleno

En el caso de Turull, su entrada en la prisión complica el pleno de investidura previsto para el sábado. Turull es oficialmente el candidato y, después del primer intento fallido, tenía que someterse a una segunda votación 48 horas después.