La ONU admite a trámite la demanda de Puigdemont para proteger su derecho político
El Comité de Derechos Humanos acepta la petición del presidente destituido pero por ahora no aplica medidas cautelares como en el caso de Sànchez
Puigdemont insta a «mantener la posición» mirar el futuro con optimismo y «no retroceder en ningún momento»
La ONU ha admitido a trámite la demanda del presidente destituido, Carles Puigdemont, para proteger su derecho político. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha aceptado la petición presentada por la abogada internacional de Puigdemont, Rachel Lindon, que denunciaba la vulneración de sus derechos a presentarse a cargos públicos (artículo 25 del Convenio de Derechos Civiles y Políticos), su derecho a la asociación política (artículo 22) y su derecho a la expresión política pacífica (artículo 19). La ONU ha aceptado la petición, similar a la presentada por los abogados de Jordi Sànchez, pero a diferencia de lo que hizo en el caso del expresidente de la ANC, el Comité de Derechos Humanos no ha aplicado por ahora medidas cautelares en España. Ahora, la ONU ha escrito al gobierno español para que responda sobre el caso de Puigdemont en un plazo máximo de seis meses. Además, el Comité de Derechos Humanos ha pedido a la abogada del presidente destituido que indique «qué tipo de remedios» quiere exigir al Estado en caso de que se concluya que ha habido una violación de los derechos de Puigdemont.
En su demanda, la abogada de Puigdemont asegura que España «está violando sus obligaciones con los tratados internacionales con la imposición de restricciones desproporcionadas e injustificadas» en el derecho político del líder de JxCat. La petición de Puigdemont argumenta que el presidente destituido tiene derecho «a asociarse con otros líderes secesionistas y partidos políticos para buscar el objetivo común de la independencia de Cataluña», y tiene derecho a «expresar pacíficamente» su apoyo para un estado propio catalán.
La demanda también recuerda que Puigdemont fue destituido como presidente de la Generalitat «por su rol de líder en el proceso independentista catalán» pero «ganó las elecciones» del 21-DE y era el candidato del parlamento para ser reelegido presidente. La demanda asegura, sin embargo, que «las autoridades españolas han frustrado su reelección como presidente, por lo tanto pasante por encima de la voluntad democráticamente expresada por el pueblo catalán» a través de los comicios.
Los abogados de Puigdemont explican en la ONU que el líder independentista «fue forzado a escoger» entre «retornar a España y ser inevitablemente objeto de una detención arbitraria que le impediría la participación política», «seguir como presidente en el exilio, obstaculizando la habilidad del parlamento a funcionar y permitiendo la continuación» del 155 o «quedándose al margen, para permitir un candidato alternativo».
«Aunque nunca ha sido condenado por un crimen o se le han retirado el suyo derecho político en un tribunal, los derecho de Puigdemont a la participación política, la expresión política y la asociación política se han vulnerado», dice la demanda, que critica la voluntad del Estado de reprimir «la oposición política y la expresión de la disidencia».