Forcadell reitera que la declaración de independencia del 27-O sólo quería forzar la negociación

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha vuelto a asegurar que la declaración de independencia del 27 de octubre no tenía valor jurídico, sino simplemente político, y pretendía forzar el gobierno español a negociar. Lo dice en su recurso de apelación presentado delante de la Sala Segunda del Supremo contra el auto de prisión que dictó el magistrado Pablo Llarena el viernes pasado. Forcadell dice que no cometió ningún delito de rebelión, como a máximo el de desobediencia, como sus compañeros soberanistas de la Mesa de la cámara, y que no tiene ninguna intención de huir ni de seguir en política activa.

Después de presentar un recurso de reforma delante del mismo Llarena por el auto de procesamiento, Forcadell también ha presentado recurso de apelación, esta vez delante de la sala de apelaciones, por el auto de prisión.

El escrito de la abogada Olga Arderiu es bastante contundente y recrimina a Llarena varios aspectos. Así, considera que la citación de Forcadell y otros cinco diputados para el viernes no es legal, ya que ninguna parte acusadora lo había pedido y estaba claro que era para dictar medidas cautelares más restrictivas de las que ya tenía, cosa que la ley no prevé.

Sobre el delito de rebelión, dice que es inexistente porque no hubo ningún levantamiento público ni violento, y menos todavía con participación suya. De hecho, recuerda que el Código Penal establece una atenuante para los acusados de rebelión si deponen las armas antes de usarlas. Por eso, la abogada constata la paradoja de que Forcadell, al no tener armas, no pueda disfrutar de esta atenuante.

Del 20 de septiembre, dice que no hubo ningún incidente violento, y como mucho un delito de daños en los coches de la Guardia Civil cometidos por una minoría anónima. Ella pasó por la zona unos dos minutos y no hizo ninguna proclamación pública. La misma tarde fue a una concentración en Sabadell en el mismo sentido. Al día siguiente pidió delante del TSJC la liberación de los detenidos e instó a votar el 1-O, y el 22 de septiembre fue a la Ciudad Judicial a recibir a los detenidos. En todos los casos, hizo tuits a favor de la paz y la participación en el referéndum.

Sobre el día 1 de octubre, ha dicho que hubo más de 1.000 ciudadanos heridos, y que si hubieran querido hacer daño a la policía hubieran causado más lesiones entre los agentes. En cambio, sólo hubo una persona arrestada. Sobre las manifestaciones del siguientes días, Forcadell dice que no eran para pedir la independencia, sino para protestar por la violencia policial.

Finalmente, sobre el 27 de octubre, reitera que ella como presidenta del Parlament no puede vetar ninguna propuesta de resolución si está vinculada al debate que se ha tenido al pleno de la cámara. Por eso permitió la votación de todas las propuestas. La que fue aprobada, en su fase declarativa, no resolutiva, propugnaba la república catalana. Así, según la letrada, las resoluciones del Parlament son manifestaciones de voluntad y aquella en concreto tenía como finalidad «exclusivamente conseguir iniciar una vía de negociación con el gobierno central». La prueba, según Forcadell, es que el mismo día se aprobó la aplicación del artículo 155 y no se instó a la violencia de las masas, se acató la decisión y se participó en las elecciones del 21 de diciembre.

De hecho, en varios apartados del recurso, la abogada asegura que Forcadell siempre siguió el reglamento, que no le permite limitar los debates o las votaciones ya que el pleno es soberano. Por eso, dice que no se la puede acusar de rebelión, sino como máximo de desobediencia, como el resto de miembros soberanistas de la Mesa. Aun así, considera que la inviolabilidad parlamentaria impide juzgarla por opiniones expresadas a la cámara.

Llarena también reprochaba a Forcadell su pasado como presidenta de l'ANC para situarla en el centro de la estrategia independentista. Su abogada recuerda que dejó la entidad en el 2015, cuando fue nombrada presidenta del Parlament, y que hasta entonces ninguna manifestación masiva convocada por la entidad sufrió ningún incidente.

Sobre el riesgo de huida, dice que no puede tenerse en cuenta sólo porque|para que Marta Rovira huyera del país. Así, recuerda que Forcadell ya era investigada al TSJC y acudió a todas las citas, desde el primer momento se la encausó por rebelión en el Supremo y siempre ha cumplido los requerimientos judiciales, como entregar el pasaporte, no salir del estado español y acudir semanalmente a los juzgados. También asegura que si hubiera querido huir ya lo habría hecho, y no cree que haya ningún elemento nuevo que aumente este riesgo como la supuesta infraestructura internacional de los independentistas.

Sobre el posible riesgo de reiteración delictiva, la abogada recuerda que dos días antes Forcadell había renunciado al escaño y que eso mismo fue el que la fiscalía tuvo en cuenta, entre otras cosas, para pedir la libertad bajo fianza de Joaquim Forn. Además, Forcadell ya ha anunciado que quiere volver a su plaza de funcionaria a la Escuela Industrial de Sabadell. La abogada, además, recrimina a Llarena que inste a los acusados a admitir los delitos, cosa que la ley no permite.

Por todo eso, Forcadell pide su libertad provisional y alega que se están vulnerando su derecho a un juicio justo y sus libertades de expresión, de manifestación, de ideología y de representación política.