Un juez responsabiliza la cúpula de los Mossos del «naufragio» del operativo del 1-O

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat ha derivado su investigación contra la actuación de los Mossos d'Esquadra el 1-O hacia la Audiencia Nacional española, que investiga el mayor Josep Lluís Trapero por sedición, como le ha pedido la fiscalía. En el auto, el juez dice que pueden existir indicios racionales contra ocho altos mandos del cuerpo, incluido Trapero. El juez les responsabiliza de la autoría del documento que marcaba las 'pautas de actuación' que tenían que tener los agentes que había en cada colegio electoral y que, según él, no fueron efectivas y permitieron las votaciones. Citando la Guardia Civil, el juez dice que el dispositivo sabían que «naufragaría».

El juez, que estaba de guardia el fin de semana de la votación, abrió de oficio unas diligencias de investigación por la actuación de la policía catalana. Requirió hasta tres veces los nombres de los responsables del documento, pidió informes a la Guardia Civil y se ha basado en los autos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y de la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, así como en las declaraciones en la Audiencia Nacional del máximo coordinador del operativo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y de los diversos mandos de los Mossos, y declaraciones públicas del exconseller de Interior Joaquim Forn.

Entre los cargos que el juez señala hay el mayor Josep Lluís Trapero, sus números 2 y 3, los comisarios Ferran López y Joan Carles Molinero, así como dos comisarios más, dos intendentes y la jefa de la asesoría jurídica de la Dirección General de la Policía.

En su duro escrito, el juez recrimina a los Mossos que no activaran los agentes antidisturbios de la Brimo y las ARRO, que incluso les dejaran hacer fiesta o permiso, que sólo trabajaran 7.000 agentes de los 17.000 totales, cuando en unas elecciones habituales trabajan unos 12.000 agentes. También cree que la policía catalana tendría que haber impedido que la ciudadanía entrara en los colegios electorales días antes de la votación y que los tendrían que haber cerrado y rodeado todo el fin de semana.

Igualmente, critica el dispositivo policial porque los agentes a pie de calle en cada colegio tenían que pasar muchos filtros de comunicación para poder pedir ayuda. Así, considera que el dispositivo estaba pensado para enviar a dos agentes de seguridad ciudadana a cada uno de los 2.259 colegios electorales, en vez de intentar cerrar los grandes centros de votación. «Las pautas de actuación previstas eran plenamente dilatorias y tolerantes con la votación», afirma, y añade que «el diseño realizado por la Prefectura de los Mossos se dirigió directamente e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden del TC y del TSJC, camuflando estas intenciones bajo la apariencia de una preferente aplicación de los criterios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad, paz social y convivencia».

De hecho, el juez reprocha a los Mossos que interpreten las órdenes judiciales en vez de cumplirlas estrictamente. «A la policía judicial le corresponde cumplir las órdenes de los jueces, no valorarlas», concluye.

Por último, asegura que es sospechoso que el documento de pautas no fuera firmado por ningún mando en concreto, sino por la 'Prefectura', y que costara tanto que le dijeran quién lo había elaborado.

En el mismo auto, el juez archiva la investigación contra unas agresiones ocurridas en el barrio de la Fontsanta.