La fiscalía alemana pide que se tramite la extradición de Puigdemont por «alta traición» y «malversación»
El ministerio público apuesta para que lo mantenga en la prisión mientras se resuelva la petición de la justicia española
Puigdemont denuncia delante de la Fiscalía de Odio el hombre a caballo que deseó su violación en la prisión.
La fiscalía del ‘land’ alemán de Schleswig-Holstein ha pedido prisión preventiva para Carles Puigdemont mientras dura todo el proceso de extradición, que se podría alargar de 60 a 90 días. En un comunicado, el ministerio público ha afirmado que hay «riesgo de fuga». Además, la fiscalía también ha requerido al tribunal superior del ‘land’ que admita a trámite la demanda de extradición del presidente destituido por «alta traición», el equivalente alemán al delito de rebelión español, y también por «malversación de fondos públicos». El tribunal superior de Schleswig-Holstein tiene que decidir ahora si acepta las peticiones de la fiscalía.
La fiscalía explica que, después de hacer un «análisis exhaustivo» de la euroorden del Tribunal Supremo español, ha concluido que «es pertinente una petición de extradición». También valida los dos crímenes que le imputa la justicia española: rebelión y corrupción. Sobre el primero, dice que «tiene un equivalente en los artículos 81 y 82 del código penal alemán», que hacen referencia a «la alta traición» contra Alemana o sus ‘länder’. «Una concordancia idéntica entre las regulaciones alemana y española no es necesaria legalmente», continúa. El comunicado de la fiscalía de Schleswig-Holstein dice que los cargos de la justicia española de rebelión «esencialmente incluyen la acusación de celebrar un referéndum anticonstitucional a pesar de los disturbios violentos que se preveían».
Por otra parte, el ministerio público también cree que la acusación de corrupción a la euroorden de Llarena tiene equivalente al artículo 266 del código penal alemán, que especifica las penas por delitos de «malversación de fondos públicos o abuso de confianza». «Los costes de preparación y ejecución del referéndum anticonstitucional en ojos del Tribunal Constitucional español son, según las autoridades españolas, de 1.602.001,57 euros», añade.
El comunicado también explica que la justicia del Estado, en la euroorden, acusa Puigdemont de «sacar adelante el referéndum de independencia en una reunión con miembros del gobierno y los jefes policiales de Cataluña el 28 de septiembre de 2017» a pesar de las advertencias del TC. La petición europea de Llarena apunta que «era de esperar una escalada de violencia el día del referéndum habiendo visto los choques entre ciudadanos y la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017», según ha explicado la fiscalía. «Pero no obstante, el gobierno de Cataluña –incluido el acusado como presidente– decidió celebrar el referéndum y las fuerzas policiales autonómicas se comprometieron a garantizar que los partidarios de este proceso de separación pudieran ir a votar».