Torrent convoca el pleno de investidura de Sànchez para el viernes

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado el pleno de investidura de Jordi Sànchez para el viernes a las 10 horas y ha instado al Tribunal Supremo a garantizar el derecho político del candidato. De hecho, a través de un escrito dirigido al Tribunal Supremo, Torrent lo informa de la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del pasado 23 de marzo que insta al estado español a tomar «todas las medidas necesarias para garantizar el derecho político» de Sànchez. Para Torrent, «la concesión de las medidas cautelares implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura». Además, Torrent alerta que si el TS no da cumplimiento a la resolución de la ONU, se estaría produciendo un «daño irreparable al derecho político» de Sànchez y el estado español estaría «incumpliendo» sus obligaciones internacionales.

El juez del Supremo Pablo Llarena rechazó que Sànchez pudiera salir de Soto del Real para asistir a su pleno de investidura previsto para el 12 de marzo. Pero unos días más tarde, las Naciones Unidas respondieron una queja presentada por la defensa de Sànchez fijando medidas cautelares. Es precisamente esta resolución que Torrent ha enviado este lunes al Supremo.

En la carta, el presidente del Parlament argumenta que la prisión preventiva de Sànchez «no se puede utilizar para limitar el legítimo ejercicio de su derecho político». Y por lo tanto, que no comporta la privación del derecho al sufragio pasivo que incluye el derecho a ser escogido presidente de la Generalitat.

Según defensa Torrent, «la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura».

Y añade que «en caso de que el Tribunal Supremo no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable al derecho político del diputado Jordi Sànchez, y el estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales», que según apunta, también tiene que garantizar el poder judicial de acuerdo con los artículos 10.2 y 96 de la Constitución.

La demanda de la defensa de Sànchez a las Naciones Unidas argumenta, según apunta Torrent, que se vulnera el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando se lo priva del derecho a someterse a un debate de investidura.

Torrent concluye la carta asegurando que está convencido de que Llarena adoptará las «medidas necesarias» para que Sànchez pueda someterse al debate de investidura.

Para ser investido en primera votación, Sànchez necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta del pleno del Parlament, es decir, de 68 diputados. En caso de no superar esta primera votación, el candidato se puede someter a una segunda votación en la qué habría bastantes con la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Teniendo en cuenta que Cs, PSC, Comuns y PP suman 65 diputados, Sànchez tendría que conseguir 66. Por lo tanto, sería imprescindible que los diputados Carles Puigdemont y Toni Comín puedan delegar el voto para no depender de los votos de la CUP, que se mantiene en la abstención.