El juez deja en libertad con medidas cautelares la miembro de los CDR detenida y rebaja la acusación a desórdenes públicos

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egeo ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares la miembro de los Comité de Defensa de la República (CDR) detenida el martes en Viladecans. El juez rebaja la acusación sobre ella a un delito de desórdenes públicos y descarta así las acusaciones de terrorismo y rebelión que hacía la Fiscalía el día de la detención. De hecho, el ministerio público ha pedido este jueves prisión provisional para la detenida como «presunta responsable de delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de ulteriores calificaciones que puedan adoptarse con el avance de la investigación.» Además, el juez dictará una orden de detención del joven de Esplugues de Llobregat que la Guardia Civil no encontró en su domicilio este martes y sigue sin localizar.

El magistrado ha impuesto varias medidas cautelares a Tamara C. G., como ahora comparecencias semanas en un juzgado de guardia y le prohíbe salir de su municipio de residencia, a no ser que trabaje fuera de su localidad. También ha establecido la necesidad de que Tamara C. G. necesite una autorización judicial para poder salir del término municipal de su localidad, le prohíbe salir de territorio español y lo obliga a facilitar un domicilio y un teléfono donde pueda estar localizable. El caso continúa bajo secreto de sumario.

La Fiscalía atribuye a la investigada «actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje» y formar parte de un «reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización» de los CDR, con «actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado.» El objetivo, según la Fiscalía, sería «trasladar a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán» que se investiga en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, «como una clara amenaza directa al orden constitucional establecido».

El ministerio público justifica la petición de prisión para Tamara C. G. en «la gravedad de las penas» previstas por estos hechos, el «riesgo de reiteración delictiva» teniendo en cuenta «las acciones que la detenida presuntamente pretendía coordinar» y «evitar la destrucción de pruebas por|para la actitud ya acreditada de la misma».

El abogado temía lo peor

El abogado de la detenida, Sergi Atienza, ha reconocido que antes del pase a disposición judicial se temía que el juez pudiera hacer suyas las tesis de la Fiscalía. Ha explicado que ha podido hablar un rato con la suya representada (no lo había hecho hasta esta mañana) y que estaba «muy nerviosa».

Ahora bien, ha celebrado que el juez se haya acercado más a las tesis de la defensa que las de la Fiscalía. Tamara C. G. sólo ha respondido a las preguntas de su abogado. La Fiscalía sólo ha hecho un relato de los hechos (sin ninguna pregunta) y el juez De Egeo ha formulado sólo dos cuestiones encaminadas a comprobar si tiene arraigo. «Ha preguntado sobre el trabajo y sobre su arraigo», ha reconocido el abogado.

Atienza ha reconocido que la Fiscalía ha sido dura –«mantiene un criterio bastante radicalizado y opuesto a nuestro posicionamiento», ha dicho- pero que el juez, en cambio, no ha visto indicios ni de terrorismo ni de rebelión. «Celebramos que se ha inclinado por imponer unas medidas cautelares que es verdad que reducen su capacidad de movimiento pero que son mucho menos graves que una prisión incondicional», ha valorado. El abogado no ha tenido acceso a las actuaciones ni conoce el detalle de los hechos que se le imputan ya que la causa continúa secreta. En este sentido, la decisión del juez tampoco se ha argumentado en un auto.

La detenida ha aprovechado que el abogado estaba haciendo declaraciones a los medios de comunicación para salir por una rampa de la parte de detrás del edificio y esquivar los focos de la prensa.